La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez y su asesora 113.000 euros por el uso indebido de un software
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez sean condenadas a indemnizar a la institución con 113.509,32 euros. Esta reclamación surge en el marco de un proceso judicial por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, relacionados con el desarrollo y explotación de un software en el ámbito universitario.
Reclamación por responsabilidad civil
La UCM, que actúa como parte perjudicada en el proceso, exige que ambas acusadas respondan solidariamente por el importe mencionado, en concepto de responsabilidad civil. La universidad argumenta que el software, desarrollado en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva dirigida por Gómez, fue supuestamente desviado a usos privados, en perjuicio de la institución.
En el escrito de conclusiones presentado ante la Audiencia de Madrid, la universidad cifra en más de 113.000 euros el coste del desarrollo del citado programa informático, incluyendo tanto el gasto directo en su creación como el coste del personal involucrado. Además de la compensación económica, la UCM solicita recuperar la titularidad y control del software, así como de todos los elementos y activos vinculados a él, tales como dominios, credenciales, archivos, documentación técnica y derechos de explotación.
Indicios de malversación y tráfico de influencias
El informe de la universidad respalda los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid, que apunta a la existencia de indicios suficientes de que Begoña Gómez, en su calidad de codirectora de la cátedra, habría desviado recursos públicos hacia su disposición exclusiva. Cristina Álvarez, su asesora, es señalada como presunta colaboradora necesaria.
Entre los hechos destacados por la UCM como posibles pruebas de malversación se encuentran:
- El registro de la marca «TSC».
- La solicitud de la marca «Plataforma de mediación de Impacto social y medioambiental www.transformatsc.org».
- La transferencia a nombre de Gómez del dominio de internet relacionado.
- La constitución en 2023 de la empresa Transforma TSC S.L., con Gómez como administradora única, cuyo objeto social sería la explotación comercial del software.
La universidad sostiene que estas actuaciones privaron al centro de la titularidad y control del software, desarrollado con fondos públicos. Además, resalta que existía una relación de confianza entre la institución y Gómez, lo que agrava el daño causado.
Detalles del proceso judicial
El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ha dado un plazo de cinco días a las acusadas para que presenten sus escritos de defensa. Asimismo, les concede tres días para comunicar si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar que determinará la procedencia de la apertura del juicio oral.
La Audiencia Provincial de Madrid decidió continuar el procedimiento con jurado popular contra Gómez y Álvarez por los delitos de malversación y tráfico de influencias, aunque desestimó la acusación por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés, inicialmente investigado en la causa, ha sido apartado del procedimiento del jurado y enfrentará una investigación separada sobre la legalidad de la adjudicación de contratos públicos.
Posición de la Fiscalía
En un escrito remitido al juzgado, la Fiscalía ha reiterado que no formulará acusación contra las investigadas, manteniéndose en la postura de que no existen indicios de delito en este procedimiento. Por tanto, solicitará la absolución de las acusadas en la fase de conclusiones.
El juicio, que ha generado gran expectación mediática, será clave para determinar la responsabilidad de Begoña Gómez y su asesora en el presunto uso indebido de recursos públicos destinados a la innovación y la transformación social en el ámbito académico.
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