La Audiencia Nacional decidirá el 13 de noviembre la extradición del activista Fergie Chambers a EE.UU.

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La Audiencia Nacional revisará la extradición de Fergie Chambers a Estados Unidos el 13 de noviembre

La Audiencia Nacional analizará el próximo 13 de noviembre la solicitud de extradición a Estados Unidos de Fergie Chambers, filántropo y activista estadounidense conocido por su apoyo a causas propalestinas. Chambers, actualmente en prisión provisional en España, ha denunciado irregularidades en el proceso, especialmente en las traducciones de la documentación remitida por las autoridades estadounidenses.

Denuncias de alteraciones en las traducciones

El equipo jurídico que defiende a Chambers, encabezado por el despacho del exmagistrado Baltasar Garzón, ha informado al tribunal español sobre diversas “discordancias” encontradas en las traducciones de los documentos enviados por Estados Unidos. Según la defensa, se han detectado hasta 12 alteraciones sustanciales que, a su juicio, “elevan la gravedad de los hechos” y podrían influir directamente en la calificación de los delitos por parte de la justicia española.

Entre las irregularidades señaladas destacan la sustitución de la expresión “acción directa” por “violencia directa”, la inclusión de “tres incendios” que no figurarían en la documentación original relacionada con protestas contra la empresa estadounidense Elbit Systems, y la traducción de “activación” de botes de humo como “detonación”. El despacho sostiene que estos términos, reproducidos posteriormente en documentos judiciales españoles, no están presentes en el material original remitido por Estados Unidos.

Acusaciones y contexto judicial

Estados Unidos solicita la extradición de Chambers por presuntos delitos de blanqueo de capitales, desórdenes y conspiración para causar desórdenes. Según la defensa, los cargos de desórdenes y conspiración se refieren a protestas frente a una empresa fabricante de armamento israelí en territorio estadounidense. Además, remarcan que estos hechos ya fueron juzgados y otras personas implicadas recibieron condenas de alrededor de 60 días de prisión. Apuntan también que el delito de conspiración para cometer desórdenes no es punible en España.

Respecto a la acusación de blanqueo de capitales, el bufete de abogados sostiene que la reclamación estadounidense no cuestiona el origen de los fondos, sino el destino ideológico de los mismos. Subrayan que “en la denuncia penal remitida por Estados Unidos no se acusa a Chambers de ningún delito relacionado con organizaciones terroristas”.

La defensa concluye que Chambers “está siendo perseguido no por actividades delictivas, sino por su actividad política y el apoyo económico a causas y proyectos humanitarios”.

Situación actual de Fergie Chambers

Fergie Chambers fue detenido en julio en la isla de Ibiza y desde entonces permanece en la prisión madrileña de Aranjuez en régimen de prisión provisional. El pasado mes de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su solicitud de libertad, ratificando así la decisión del juez instructor y de la Fiscalía.

Durante una vista técnica sobre su extradición, Chambers manifestó su rechazo a ser entregado a Estados Unidos. El tribunal consideró que existe un riesgo real de fuga, dada su capacidad económica, y desestimó medidas alternativas a la prisión como la imposición de una fianza, comparecencias regulares ante el juzgado o la retirada del pasaporte.

  • El tribunal argumentó que la retirada del pasaporte no sería suficiente para evitar una posible fuga.
  • Los magistrados destacaron que los controles fronterizos terrestres son “absolutamente permeables”.
  • La única medida considerada eficaz para asegurar la entrega, en caso de que se apruebe la extradición, es la prisión provisional.

Próximos pasos en el proceso

El caso de Fergie Chambers se examinará el 13 de noviembre en la Audiencia Nacional, que deberá decidir si procede o no la entrega del activista a las autoridades estadounidenses. La defensa insiste en que la solicitud de extradición está basada en motivos políticos y no en hechos delictivos, mientras subraya las supuestas irregularidades detectadas en la documentación del caso.

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