La Audiencia de Sevilla archiva la querella contra un colegio privado por el suicidio de una alumna
La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella presentada por los padres de Sandra Peña, una estudiante de 14 años que se quitó la vida en octubre pasado tras haber sido presuntamente víctima de acoso escolar en el colegio privado concertado Irlandesas Loreto, ubicado en la capital andaluza.
Desestimación del recurso de los padres
La Sección Séptima del tribunal, bajo la ponencia de la magistrada Mercedes Alaya, ha desestimado el recurso presentado por la familia de la menor contra la decisión inicial del juzgado instructor, que ya había archivado provisionalmente la causa por delitos de homicidio imprudente o trato degradante.
Los padres sostenían que el centro educativo no activó los protocolos de actuación frente al acoso escolar, ni notificó adecuadamente la situación a la Consejería de Educación a través del sistema Séneca. Entre sus peticiones, también solicitaron que se consideraran los resultados de la autopsia, que reveló la existencia de cortes en el cuerpo de Sandra y la presencia de alcohol en sangre, para esclarecer si estos hechos pudieron haberse producido en el propio colegio.
Conclusiones del tribunal
El auto judicial reconoce que la actuación del colegio resultó “absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia que exige el protocolo de acoso”, subrayando que las medidas adoptadas fueron demasiado leves y no consiguieron los efectos esperados. Asimismo, se constata que no se activaron los protocolos pertinentes ni se informó a las autoridades educativas de manera adecuada.
No obstante, la Audiencia concluye que la posible responsabilidad administrativa o civil de los miembros del equipo directivo no puede extenderse a la comisión de un homicidio imprudente, como reclamaban los progenitores. El tribunal argumenta que no existe una relación de causalidad directa entre la actuación de los responsables del centro y el desenlace fatal, tal y como exige el Derecho Penal.
Tampoco se aprecia fundamento para imputar a los responsables del colegio delitos de lesiones psíquicas o trato degradante por omisión, ya que, según la resolución, no hay pruebas de que el personal docente permitiera conscientemente insultos, burlas o vejaciones contra la menor.
Otros factores y reflexión judicial
La investigación de la Fiscalía de Menores también ha puesto de manifiesto que Sandra Peña atravesaba problemas personales ajenos a la situación de acoso, aunque estas circunstancias no restan gravedad a la falta de diligencia del centro en la activación de los protocolos de protección.
El tribunal señala que, si bien el acoso escolar pudo influir en el estado anímico de la joven, no se ha demostrado que fuera el factor decisivo que exige la responsabilidad penal. La resolución judicial subraya la profunda consternación que produce este caso y aboga por una mayor eficacia y contundencia por parte de las autoridades educativas ante casos de acoso escolar.
Por todo ello, la Audiencia de Sevilla concluye que los hechos quedan fuera del ámbito penal, sin perjuicio de las posibles acciones civiles que puedan interponer los padres de la menor.
Investigación paralela y recursos de apoyo
De forma paralela a la querella contra el colegio, continúa abierta una investigación en el Juzgado de Menores de Sevilla, que estudia la posible responsabilidad de tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña.
- El 024 es la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, gratuita y confidencial. Ofrece apoyo inmediato en varios idiomas tanto a personas con ideación suicida como a familiares y allegados.
- También se puede recurrir a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).
- En caso de no poder realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de actuar con rapidez y rigor ante cualquier indicio de acoso escolar, así como la necesidad de ofrecer apoyo y recursos a las familias y víctimas.
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