La Abogacía del Estado rechaza que el Supremo consulte al TJUE sobre la regularización de migrantes
La Abogacía del Estado ha manifestado su oposición a la posibilidad de que el Tribunal Supremo eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes en España. Los servicios jurídicos consideran que la materia en cuestión corresponde al “ejercicio soberano de las competencias nacionales” y critican lo que califican como “omisiones relevantes” en el planteamiento del Alto Tribunal.
Contexto de la controversia
El pasado martes, el Tribunal Supremo trasladó a las partes implicadas la opción de plantear ante el TJUE una cuestión prejudicial interpretativa respecto a determinados aspectos del real decreto aprobado el 14 de abril, que regula la regularización de extranjeros. El Supremo sostiene que este régimen podría suscitar dudas sobre su compatibilidad con la normativa que desarrolla el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.
La consulta surge a raíz de los recursos presentados por las comunidades autónomas de València y Aragón, quienes han impugnado varios apartados del real decreto. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha rechazado recurrir a la justicia europea, defendiendo que esta cuestión se circunscribe al ámbito nacional y no debe someterse a interpretación externa.
Argumentos de la Abogacía del Estado
En su escrito, los servicios jurídicos del Estado critican que la motivación de la providencia del Tribunal Supremo resulta “insuficiente” y presenta “omisiones relevantes”. Además, consideran que la remisión prejudicial propuesta se asemeja más a un dictamen consultivo sobre escenarios hipotéticos futuros que a una cuestión concreta de compatibilidad con el derecho comunitario.
La Abogacía señala que, a través de esta consulta, se pretende someter al TJUE no solo la legalidad de la actuación nacional, sino también el análisis de la oportunidad y la forma de ejercer competencias soberanas, así como las eventuales discrepancias políticas manifestadas por otros Estados miembros o grupos parlamentarios.
- El reglamento europeo de 2024 solo se aplica a las solicitudes de protección internacional realizadas a partir del 12 de junio.
- El real decreto español afecta a quienes presentaron su solicitud antes del 1 de enero, lo que, según la Abogacía, justifica que su aplicación sea un asunto nacional.
Compatibilidad con la legislación europea
La Abogacía del Estado subraya que la normativa comunitaria permite que los Estados miembros, por motivos humanitarios u otros, otorguen derechos de estancia a ciudadanos de terceros países en situación irregular, siempre fundamentados en el derecho nacional y no en la normativa europea.
Asimismo, recalcan que no se trata de reconocimientos individualizados, sino de un régimen general dirigido a todos los residentes en situación irregular que cumplan con determinadas condiciones específicas. El escrito reprocha al Supremo la falta de precisión al distinguir entre solicitantes, personas admitidas a trámite y aquellas que han obtenido resolución favorable.
Situación de vulnerabilidad
La Abogacía también destaca la situación de arraigo, vulnerabilidad e integración de las personas migrantes que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026, señalando que el Tribunal Supremo parece obviar la gravedad de su contexto social y humanitario.
El debate sobre la regularización de personas migrantes continúa en el ámbito judicial y político español, evidenciando la tensión existente entre la soberanía nacional y el marco normativo europeo en materia de inmigración y asilo.
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