La Abogacía del Estado rechaza que el Supremo pueda paralizar la regularización de migrantes
El Tribunal Supremo celebra este miércoles cinco vistas clave en las que abordará las solicitudes de suspensión cautelar del proceso de regularización de migrantes aprobado recientemente por el Gobierno. Estas peticiones han sido presentadas por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, así como por formaciones y entidades como Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
Argumentos de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha solicitado al Tribunal Supremo que no paralice de manera cautelar este proceso de regularización. En un escrito dirigido al alto tribunal, argumenta que la suspensión del real decreto «dejaría sin efecto útil a la norma y dañaría gravemente el interés general».
El Gobierno defiende que la concesión de autorizaciones de residencia a las personas migrantes no supondrá un impacto adicional sobre los servicios públicos, ya que quienes se beneficiarían de la medida «ya son usuarias de tales servicios» desde antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Además, el acceso a la residencia permitirá a estas personas ejercer plenamente sus derechos, especialmente el derecho al trabajo, lo que, según la Abogacía del Estado, favorecerá su integración social y aumentará las cotizaciones a la Seguridad Social gracias a su incorporación al mercado laboral.
Impacto en el ámbito sanitario
Respecto a las consecuencias en la atención sanitaria, la Abogacía recuerda que la legislación vigente en España garantiza la prestación sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Por ello, considera que el real decreto de regularización no afecta de manera directa al acceso a estos servicios.
Plazos y consecuencias de la suspensión
El Gobierno advierte que una posible suspensión de la norma perjudicaría gravemente a los potenciales solicitantes, ya que no podrían acceder a las nuevas autorizaciones administrativas previstas, cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de junio.
Asimismo, la Abogacía del Estado no comparte el argumento de que mantener la regularización activa privaría de eficacia a la futura sentencia del Supremo sobre el fondo del decreto. Según explica, las personas migrantes que pueden acogerse a la medida ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y ya hacían uso de los servicios públicos.
Cuestión de legitimación activa
En su escrito, la Abogacía del Estado también solicita que el Supremo resuelva, en primer lugar, la falta de legitimación de Hazte Oír para recurrir la norma. Argumenta que esta organización no ha demostrado una relación directa y concreta ni con el real decreto ni con su esfera jurídica, limitándose a formular objeciones generales sobre el impacto de la medida en la política migratoria y el interés general.
Panorama de los recursos y próximas decisiones
Mientras tanto, otras comunidades autónomas como Aragón y Castilla y León han anunciado que también recurrirán el real decreto, aunque las vistas de este miércoles no afectan a sus recursos.
Se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión en las próximas semanas sobre la suspensión cautelar, lo que podría marcar un precedente en la gestión de la política migratoria en España.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
