Keiko Fujimori refuerza militarización en Perú pese a críticas por abusos de derechos humanos

Keiko Fujimori impulsa la militarización de Perú frente al crimen organizado en medio de denuncias por violaciones de derechos humanos

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha intensificado la estrategia de militarización en la lucha contra el crimen organizado, una medida que ha generado preocupación entre expertos en seguridad, líderes indígenas y organismos de derechos humanos, debido a las reiteradas denuncias de abusos cometidos por las fuerzas del orden en distintas regiones del país.

Reformas legales y cuestionamientos a la institucionalidad

Desde 2022, el fujimorismo, aprovechando su mayoría en el Congreso y alianzas con otras bancadas investigadas por corrupción, ha impulsado al menos 12 leyes conocidas como «pro crimen» en Perú. Estas normas han modificado de manera sustancial el marco legal de la persecución penal, debilitando investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado.

Entre 2024 y 2025, Keiko Fujimori enfrentó un juicio oral por blanqueo de capitales y organización criminal, derivado de millonarias donaciones no declaradas en sus campañas electorales. Además, continúa bajo investigación por presunto lavado de dinero en la campaña de 2021. En este contexto, las reformas impulsadas por su partido Fuerza Popular han sido vistas como un intento de blindaje ante procesos judiciales en curso.

Alianzas internacionales y estrategias de mano dura

En sus discursos, Fujimori ha prometido “orden, paz y reconciliación” para el país, pero su agenda internacional apunta a integrar a Perú al “Escudo de las Américas”, una iniciativa de cooperación militar promovida por Estados Unidos. Asimismo, ha manifestado interés en recibir asesoría de los gobiernos de El Salvador y Ecuador, cuyos mandatarios han sido señalados por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen.

Fujimori ha anunciado que, entre las primeras acciones de su mandato, declarará estados de emergencia y autorizará el ingreso de las fuerzas armadas a viviendas en zonas fronterizas para buscar presuntos delincuentes, replicando operativos similares a los realizados durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori.

Escalada de violencia en territorios indígenas y zonas amazónicas

Los operativos militares y policiales han provocado episodios de violencia en regiones amazónicas. Este viernes, en Bellavista Callaru (Loreto), un operativo antidrogas del Ejército resultó en la muerte de un niño, varios heridos y viviendas incendiadas, según denunció el alcalde Desiderio Flores. “El Ejército está matando a mi gente, somos peruanos, no guerrilleros”, expresó la autoridad local.

En El Cenepa (Amazonas), la Policía disparó contra pobladores indígenas bajo acusaciones de pertenencia a organizaciones criminales, resultando en personas heridas y rechazo de las comunidades afectadas. Líderes indígenas de Perú, junto a representantes de Bolivia, Brasil y Colombia, han denunciado la colusión de autoridades con organizaciones criminales y la participación de fuerzas de seguridad en actividades ilícitas.

Expansión de economías ilegales y debilitamiento del Estado

En los últimos años, la criminalidad organizada ha cobrado la vida de más de 150 transportistas en Lima, mientras que la extracción ilegal de oro, la tala indiscriminada y el narcotráfico aumentan en diversas regiones amazónicas. Expertos como Raphael Hoetmer, de Amazon Watch, advierten que la falta de apoyo a la agricultura y el alza del precio del oro, impulsado por crisis globales, favorecen la expansión de estas economías ilícitas.

El debilitamiento del Estado en zonas de frontera ha convertido a Perú en un posible refugio para el crimen transnacional. Hoetmer subraya que la actual legislación nacional es la más permisiva con las economías ilegales en la región, mientras que la presencia estatal sigue siendo extremadamente débil.

Militarización y antecedentes de impunidad

La experiencia internacional, como el caso de México, demuestra que la militarización no garantiza una reducción del crimen, sino que puede agravar los problemas de violencia y violaciones a los derechos humanos. Expertos en seguridad, como Guillermo Fernández Maldonado, sostienen que el Estado debe priorizar la protección de derechos y evitar una actuación represiva indiscriminada.

El Congreso peruano, dominado por el fujimorismo y sus aliados, ha aprobado en los últimos dos años normas de amnistía y prescripción de delitos para miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional. Estas leyes, promovidas por figuras como el congresista Fernando Rospigliosi, han sido criticadas por fomentar la impunidad ante ejecuciones extrajudiciales y otros abusos.

Denuncias de abusos policiales y judicialización limitada

Diversos casos recientes ilustran la gravedad de la situación de derechos humanos en Perú:

• Asesinatos de civiles por parte del Ejército en operativos que luego intentan ser justificados como acciones antidrogas.
• Muertes bajo custodia policial y torturas en comisarías en Lima y regiones andinas.
• Detenciones arbitrarias con fines de extorsión, como el caso de un adolescente fallecido tras ser golpeado en una comisaría mientras los agentes exigían dinero a su familia.
• Investigaciones fiscales paralizadas o transferidas a la jurisdicción militar-policial, limitando la rendición de cuentas.

Especialistas y defensores de derechos humanos advierten que la nueva legislación reduce la capacidad de acción del Ministerio Público y organismos ambientales, facilitando la impunidad ante violaciones y crímenes cometidos por agentes estatales.

Preocupación por el futuro de los pueblos indígenas y la Amazonía

La militarización de territorios amazónicos preocupa especialmente a comunidades indígenas y defensores ambientales, que temen una nueva ola de violencia y despojo, similar a lo ocurrido en ciclos extractivistas previos con el caucho y el petróleo. La entrega de áreas deforestadas en concesión a privados podría ser una consecuencia directa de la militarización y el debilitamiento de la protección estatal.

Conclusión

El inicio del mandato de Keiko Fujimori marca una etapa de endurecimiento en la política de seguridad, con implicancias profundas para los derechos humanos, la protección de territorios indígenas y la institucionalidad democrática en Perú. La militarización y las reformas legales impulsadas por el fujimorismo generan dudas sobre la efectividad de la estrategia y el respeto a las garantías fundamentales, en un contexto de creciente presión de las economías ilegales y debilitamiento del Estado de derecho.