Justicia recurre a la Audiencia Nacional para blindar las actas de la exhumación de Franco

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El Ministerio de Justicia acude a la Audiencia Nacional para evitar la entrega de las actas de la exhumación de Franco

El Ministerio de Justicia ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional con el objetivo de mantener en reserva las actas notariales que documentan la exhumación de los restos de Francisco Franco. Esta acción surge como respuesta a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ordenó la entrega de dichas actas a una redactora del medio Público tras una solicitud realizada a través del Portal de Transparencia en junio de 2025.

El origen del conflicto: solicitudes de acceso y negativa ministerial

La periodista de Público solicitó al Ministerio de Justicia la copia de las actas firmadas por Dolores Delgado, notaria mayor del Reino y ministra de Justicia en 2019, relativas a la exhumación del dictador. Un mes después, el Ministerio denegó la petición, lo que llevó a la profesional a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia, órgano encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia aprobada en 2013.

El Consejo estimó la reclamación de la periodista y exigió la entrega de los documentos. Ante esta orden, el Ministerio de Justicia optó por acudir a la vía judicial, presentando en marzo una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La redactora solicitante también se ha personado en el proceso para defender su derecho de acceso a la información pública.

Argumentos del Ministerio de Justicia

El Ministerio sostiene que las actas en cuestión forman parte de un “protocolo notarial” y, por tanto, están sujetas a una normativa específica que excluye su acceso bajo el régimen general de la Ley de Transparencia. Además, el departamento dirigido por Félix Bolaños argumenta que no se consultó previamente a los posibles “herederos o causahabientes”, en alusión velada a la familia Franco, antes de dictar la resolución del Consejo de Transparencia.

Según el Ministerio, el carácter notarial de los documentos exigiría un tratamiento distinto y más restrictivo, por lo que niega que puedan considerarse como información pública accesible de acuerdo a la legislación general de transparencia.

La postura del Consejo de Transparencia

Por su parte, el Consejo de Transparencia defiende que las actas solicitadas forman parte de un expediente administrativo, elaborado por la Administración en el ejercicio de sus funciones, y que, por tanto, deben considerarse como información pública. Subraya que la intervención notarial en este caso es meramente instrumental, para dejar constancia de la ejecución de la exhumación, y no convierte a los documentos en inaccesibles.

El Consejo recalca que no se está solicitando una copia notarial del protocolo, sino el acceso a documentos de un expediente administrativo. Además, recuerda que la Ley de Transparencia no exige que el solicitante acredite un interés legítimo para acceder a la información pública, por lo que introducir este requisito supondría restringir injustificadamente el derecho de acceso.

  • El Consejo advierte del peligro de que la Administración pueda sustraer cualquier actuación pública al control de la transparencia simplemente dándole forma notarial.
  • Señala que la exhumación de Franco fue un acto de gran relevancia pública, institucional y mediática, lo que refuerza la exigencia de transparencia.
  • Critica que el Ministerio no haya identificado ni consultado a posibles terceros afectados, ni haya justificado la existencia de intereses concretos que proteger.

El contexto de la exhumación y el interés público

La exhumación de Francisco Franco, realizada en 2019 en la basílica de Cuelgamuros (anteriormente Valle de los Caídos), fue declarada por la Ley de Memoria Histórica como de urgente y excepcional interés público. Franco era el único enterrado en el recinto que no falleció como consecuencia de la Guerra Civil, mientras que en las criptas reposan los restos de unas 34.000 personas, muchas de ellas trasladadas sin conocimiento de sus familiares.

El Consejo de Transparencia insiste en que este contexto refuerza el interés de la ciudadanía en conocer los detalles documentados de la exhumación, enfatizando que cuanto mayor sea la trascendencia pública de un acto, mayor debe ser la obligación de transparencia por parte de la Administración.

Próximos pasos judiciales

El procedimiento ante la Audiencia Nacional se encuentra en su fase final. El Ministerio de Justicia ya ha presentado sus conclusiones, mientras que el Consejo de Transparencia y la periodista de Público tienen de plazo hasta el 26 de noviembre para presentar las suyas. Una vez completado este trámite, el caso quedará visto para sentencia.

El debate sobre los límites del acceso a la información

Este caso reabre el debate sobre los límites entre la protección de determinados documentos oficiales y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública. Tanto el Consejo de Transparencia como la periodista de Público sostienen que las actas de la exhumación de Franco tienen una importancia equiparable a la de otros hitos históricos recientes, como el golpe de Estado del 23F o la gestión de la pandemia de COVID-19.

La resolución que adopte la Audiencia Nacional sentará un precedente relevante para futuras solicitudes de acceso a documentos oficiales de alto interés público, especialmente en lo relativo a la aplicación de la Ley de Transparencia y los límites entre el régimen notarial y el derecho a la información.

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