Juristas por Palestina denuncia que la nueva ley israelí de pena de muerte vulnera de forma «flagrante» el derecho internacional
La organización Juristas por Palestina ha expresado una firme condena ante la reciente aprobación en Israel de una reforma legislativa que introduce la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos residentes en Cisjordania condenados por delitos calificados como «terroristas». Esta medida, avalada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, fue aprobada el 30 de marzo por la Knesset (Parlamento israelí) con 62 votos a favor y 48 en contra.
Un sistema judicial considerado discriminatorio
En un comunicado oficial, Juristas por Palestina ha alertado sobre el carácter «discriminatorio» de la nueva norma. Según la organización, mientras los ciudadanos israelíes son juzgados por tribunales civiles que permiten la conmutación de penas, los palestinos quedan sujetos a tribunales militares en los que la pena de muerte se aplica «de forma automática».
El texto destaca que los tribunales militares presentan tasas de condena cercanas al 99% y que la reciente legislación elimina garantías como la posibilidad de indulto o la revisión individualizada de las sentencias. Asimismo, la ley establece un plazo para la ejecución de 90 días desde la sentencia y recurre a una definición de terrorismo que, según la organización, es «vaga y ambigua», ya que abarca cualquier acción cuyo «objetivo sea negar la existencia del Estado de Israel».
Vulneración del derecho internacional
Juristas por Palestina sostiene que la norma supone una vulneración «flagrante» del derecho internacional, en particular del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado limita la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves y exige el respeto pleno de las garantías procesales. Además, la organización denuncia que el uso de la horca constituye un trato «cruel, inhumano y degradante».
La organización contextualiza la reforma dentro de la ocupación de Cisjordania, recordando que el derecho internacional humanitario prohíbe a la potencia ocupante legislar de manera discriminatoria sobre la población civil bajo su control.
Reacciones de la sociedad civil israelí
Juristas por Palestina respalda la posición de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, que advierte sobre el riesgo de institucionalizar la pena de muerte para palestinos y de utilizarla como instrumento del régimen de apartheid.
Asimismo, el comunicado resalta la impugnación de la norma ante el Tribunal Supremo israelí por parte de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI). Esta entidad alega que la ley es inconstitucional, discriminatoria y carece de base legal para aplicarse a los palestinos de Cisjordania, ya que la Knesset no tendría competencias legislativas sobre ese territorio según el Derecho Internacional.
Exigencias a la comunidad internacional
Juristas por Palestina ha instado al Consejo de la Unión Europea a activar el mecanismo de revisión del Acuerdo de Asociación con Israel y a considerar su suspensión mientras la legislación permanezca en vigor, al entender que vulnera la cláusula de derechos humanos incluida en dicho acuerdo.
De igual modo, la organización solicita a la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, que promueva en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la convocatoria de una sesión especial destinada a analizar la compatibilidad de la nueva ley con el derecho internacional de los derechos humanos.
Contexto y repercusiones
La aprobación de la pena de muerte específica para palestinos en Cisjordania ha generado preocupación en la comunidad internacional y en organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre el potencial impacto negativo en la protección de las garantías procesales y la igualdad ante la ley.
- La nueva legislación establece la ejecución por ahorcamiento en un plazo de 90 días.
- Elimina mecanismos de indulto y revisión de penas para los condenados.
- Utiliza una definición de terrorismo considerada ambigua.
- Es objeto de impugnación ante el Tribunal Supremo israelí.
La situación actual pone en el centro del debate internacional la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional en los territorios ocupados.
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