Jéssica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez por su presunta contratación irregular en empresas públicas
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, ha decidido ejercer su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, donde está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación relacionados con su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Investigación sobre contrataciones en Ineco y Tragsatec
Rodríguez había solicitado previamente la suspensión de su declaración hasta la resolución de un recurso contra su citación judicial. No obstante, finalmente optó por no prestar declaración como imputada, según han confirmado fuentes jurídicas. La investigación se centra en los contratos laborales que mantuvo con Ineco y Tragsatec, donde, según los informes, no llegó a desempeñar actividad alguna durante los periodos en los que estuvo dada de alta.
- Ineco: Contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021.
- Tragsatec: Contratada entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021.
En ambos casos, la sentencia judicial sostiene que Rodríguez recibió salarios mensuales sin realizar trabajo efectivo, señalando que el objetivo de estas contrataciones era precisamente percibir esas remuneraciones de manera irregular.
Contexto judicial y otras imputaciones
El juez Ismael Moreno también ha retomado las declaraciones de otros implicados en el caso, como Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y de Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif. Estas actuaciones se producen tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor a 19 años y ocho meses, en el marco de un caso que incluye además el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción fue la que solicitó la imputación de Rodríguez y de los otros dos investigados, considerando que la contratación de la expareja de Ábalos está directamente vinculada al denominado «caso Koldo». En esta causa también figura como imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
El papel de la Fiscalía y las repercusiones
Según la Fiscalía, la relación entre la contratación de Rodríguez y las prácticas irregulares detectadas en la adjudicación de contratos públicos es estrecha. El órgano fiscal destaca la «íntima conexión» entre estos hechos y la trama de corrupción investigada, consolidando así la posición de Rodríguez como una de las principales figuras bajo escrutinio judicial en esta causa.
El caso continúa abierto en la Audiencia Nacional, que sigue recabando testimonios y pruebas en torno a la presunta utilización de empresas públicas para el beneficio personal de allegados a altos cargos del anterior gobierno.
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