Informes policiales descartan pruebas contra Zapatero por influencia en la SEPI

Los informes policiales no prueban la influencia de Zapatero sobre responsables de la SEPI

Dos informes clave elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no han aportado pruebas concluyentes de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ejerciera influencia directa sobre funcionarios o autoridades de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Contexto de la investigación

Zapatero se encuentra actualmente investigado y deberá declarar ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación gira en torno a la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra, supuestamente facilitada a través de una red de sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez.

Según el artículo 429 del Código Penal, el tráfico de influencias implica que alguien influya sobre un funcionario o autoridad para obtener una resolución que le reporte un beneficio económico. Sin embargo, los informes policiales no identifican a los responsables públicos que habrían recibido dicha influencia ni presentan pruebas concretas sobre la supuesta presión ejercida por Zapatero.

José Ángel Partearroyo Marín, único funcionario citado

En la documentación policial sólo se menciona de forma recurrente a José Ángel Partearroyo Marín, director de Participadas IV en la SEPI. Partearroyo mantuvo reuniones y comunicaciones con los directivos de Plus Ultra, aunque los informes no atribuyen ninguna actuación ilícita ni señalan que recibiera presiones externas.

Las conversaciones intervenidas reflejan una relación cordial y profesional, centrada en aspectos administrativos relacionados con la tramitación del rescate solicitado por Plus Ultra en septiembre de 2020. Los contactos iniciales entre la aerolínea y Partearroyo Marín no ocurrieron hasta diciembre de ese año, y se desarrollaron en el marco de los procedimientos habituales de la SEPI, incluyendo la contratación de asesores externos como Daiwa Corporate Advisory y Deloitte, quienes emitieron informes favorables a la concesión de la ayuda.

El proceso de concesión de la ayuda

El 2 de marzo de 2021, Partearroyo comunicó a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, la aprobación del rescate por parte del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), pendiente solo del visto bueno final del Consejo de Ministros. Curiosamente, cuatro días antes, Julio Martínez Martínez ya había informado a otros accionistas de Plus Ultra sobre la concesión del rescate, según consta en mensajes de texto.

A pesar de estas comunicaciones, los informes policiales no recogen ninguna interacción directa entre Zapatero, Julio Martínez Martínez y los responsables de la SEPI. Sí se han detectado mensajes en los que los ejecutivos venezolanos de Plus Ultra sugieren a Martínez que sería conveniente “presionar” para agilizar el proceso, ante lo cual el empresario responde de forma escueta. No se especifica ninguna acción posterior por parte de Martínez.

Requerimientos y reuniones con SEPI

La SEPI realizó hasta seis requerimientos de información o subsanación de errores a Plus Ultra, abordados en distintas reuniones entre Partearroyo Marín y los directivos de la aerolínea. No se ha precisado la identidad de todos los asistentes a estos encuentros, si bien se ha confirmado la presencia de asesores externos.

Otras referencias a funcionarios y organismos

Los informes policiales también mencionan a otros altos cargos relacionados con el expediente de Plus Ultra:

• Raúl Medina Caballero, director general de Aviación Civil, firmó un informe favorable sobre la aerolínea en febrero de 2021.
• Julián Mateos, director de Negocios de la SEPI y posteriormente director del FASEE, es citado en mensajes en los que se hace referencia a un supuesto pago de 10.000 euros, sin más detalles.
• Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI, es mencionado únicamente como firmante del contrato de asesoramiento financiero y legal adjudicado en diciembre de 2020.
• La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) aparece en el expediente por la emisión de informes favorables, aunque no se identifican responsables concretos.

Contratos y movimientos financieros investigados

Uno de los indicios destacados por la UDEF es el contrato firmado el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica SL, empresa de Julio Martínez, para asesorar a la aerolínea en el proceso de solicitud de ayuda a cambio de 530.000 euros (el 1% más IVA del importe del rescate). Sin embargo, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no consta ningún abono de Plus Ultra a Idella en España, lo que lleva a sospechar que los pagos pudieron realizarse en cuentas en Dubái.

Discrepancias en la situación fiscal de Plus Ultra

La UDEF también pone el foco en dos informes de la Tesorería General de la Seguridad Social que certifican que Plus Ultra no tenía deudas vencidas. La Policía Nacional sostiene, en cambio, que la aerolínea acumulaba una deuda de 451.954 euros entre julio de 2017 y mayo de 2020. Ambas posiciones pueden ser compatibles si la deuda estaba aplazada o fraccionada en el momento de la certificación.

Conclusiones provisionales de la investigación

Hasta la fecha, los dos informes policiales centrales en la causa no han encontrado pruebas de que Zapatero influyera de manera directa sobre los funcionarios de la SEPI para favorecer a Plus Ultra. La investigación sigue abierta, a la espera de analizar la documentación recientemente incautada en los registros y de que el expresidente comparezca ante el juez.