Investigan a un concejal de Vox en Santa Coloma de Gramenet por divulgar datos de migrantes beneficiarios de subvenciones
Un juzgado de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha abierto diligencias contra el concejal de Vox, Aitor Navarro, tras admitir a trámite una querella presentada por cerca de medio centenar de entidades sociales de la localidad. El edil está siendo investigado por presuntos delitos de odio y revelación de secretos, relacionados con la difusión pública de información personal de migrantes que reciben ayudas públicas.
Querella por revelar datos sensibles
La investigación judicial se inició después de que las entidades sociales, entre ellas SOS Racismo Cataluña, el Centro de Acogida de Santa Coloma y Papeles y Derechos para Todos, denunciaran que Navarro hizo públicos datos personales de beneficiarios de subvenciones municipales, destacando especialmente los apellidos de origen extranjero. Según el comunicado de las organizaciones, esta acción puso el foco en colectivos concretos en función de su procedencia, vulnerando la privacidad de las personas afectadas.
Acusaciones de incitación al odio
Además de la revelación de secretos, los colectivos acusan al concejal de Vox de promover discursos y conductas racistas, que a su juicio fomentan la hostilidad, la discriminación y la violencia contra personas migrantes. Entre las acciones señaladas figuran la distribución de octavillas y la colocación de carteles en espacios públicos, en los que se advertía a la ciudadanía sobre la presencia de personas “ilegales” y se instaba a extremar la precaución.
- Difusión de vídeos en redes sociales con contenido considerado racista y xenófobo.
- Mensajes que sugerían que los migrantes reciben más ayudas y recursos que la población autóctona.
- Afirmaciones sobre la “islamización” de la ciudad.
Declaraciones polémicas en el pleno municipal
Durante una sesión del pleno del ayuntamiento, Aitor Navarro habría afirmado, según las entidades querellantes, que los menores extranjeros no acompañados residentes en la ciudad son “personas en edad militar”, contribuyendo así al clima de estigmatización hacia este colectivo vulnerable.
Próximos pasos judiciales
El juzgado ha citado a Navarro para comparecer en calidad de investigado el próximo 17 de noviembre. Las entidades sociales esperan que la causa siente un precedente en la protección de los derechos de las personas migrantes y en la lucha contra los discursos de odio en el ámbito local.
La investigación pone de manifiesto la creciente preocupación social ante el uso de datos personales y el discurso público sobre la inmigración, así como la importancia de salvaguardar la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales en las instituciones.
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