Imputado un alto cargo de la EMT de Madrid por contratar defensa legal privada en el caso Okdiario
La justicia ha puesto en el punto de mira a varios directivos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, entre ellos su gerente, Alfonso Sánchez Vicente, tras la apertura de una causa por presunta prevaricación administrativa relacionada con la contratación de un despacho privado para su defensa en un proceso judicial que afectó a la editora de ‘Okdiario’.
Origen de la investigación: denuncia de Podemos
La investigación surgió a raíz de una denuncia interpuesta por Podemos, centrada en la supuesta adjudicación irregular de un contrato público a la empresa Dos Mil Palabras SL, editora del medio digital dirigido por Eduardo Inda. El contrato, valorado en 72.600 euros, tenía como objeto la organización de charlas sobre movilidad sostenible, pero fue señalado por un presunto sobreprecio: cuadruplicaba el importe de un acuerdo similar firmado un mes antes con otra empresa.
Citación judicial a cargos directivos
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha citado a declarar como investigados al gerente de la EMT, así como a otros altos cargos: el jefe de asesoría jurídica y seguros, José Gabriel Cabanas, la secretaria general, María Eugenia Carbajal, y la jefa de División de Contratación, Rosario Ubero Cabral. La comparecencia está programada para el 20 de julio a las 11 horas.
En la providencia emitida el 3 de junio, la magistrada Belén Sánchez requirió a la EMT la entrega del expediente completo del contrato adjudicado al despacho Ecija Legal, que ascendía a 60.000 euros más IVA. Además, se solicitó la relación detallada de las actuaciones realizadas por el despacho, los informes emitidos, la asistencia a actuaciones procesales y la facturación desglosada.
Un proceso judicial marcado por irregularidades
El proceso judicial original, en el que se investigaba la supuesta malversación en la adjudicación a Dos Mil Palabras SL, fue finalmente archivado. El archivo se debió a que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, concedió una prórroga para la investigación fuera del plazo legal permitido, a pesar de que tanto las acusaciones populares como la Fiscalía habían solicitado diligentemente dicha prórroga. La Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos de las defensas y anuló la prórroga, lo que llevó al cierre del caso.
No obstante, el propio juez reconoció en su auto la existencia de un evento similar organizado por la entidad Madrid Open City por 15.000 euros más IVA, frente a los 60.000 euros más IVA del evento ahora investigado.
Cuestionamiento de la externalización de la defensa jurídica
El foco de la actual causa penal está en la contratación del despacho Ecija Legal para la defensa de la EMT, a pesar de que la empresa pública ya disponía de un departamento jurídico propio. La denuncia considera que la externalización del servicio carecía de justificación legal y objetiva.
Podemos subraya, además, la «desproporción» económica del contrato, que destinó 60.000 euros únicamente para la fase de instrucción del proceso penal. Según la formación, el coste pactado podría superar en más de un 1.000% los baremos establecidos por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
- El contrato no cubría fases posteriores del proceso, como la intermedia o el plenario, que deberían presupuestarse aparte, incrementando aún más el gasto.
- La posibilidad de recuperación económica para la EMT, en caso de condena en costas, sería mínima y no cubriría el importe invertido en la defensa.
La denuncia sostiene que la verdadera finalidad de la contratación fue asegurar la defensa de los cargos investigados, lo que sería incompatible con la posición de la EMT como entidad perjudicada en el procedimiento.
Contratación bajo procedimiento negociado sin publicidad
Otro aspecto bajo investigación es el uso del procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato al despacho Ecija Legal. Según la denuncia, no existían razones técnicas ni jurídicas que justificaran la adjudicación directa, lo que podría vulnerar los principios de transparencia, igualdad y concurrencia propios de la contratación pública.
De confirmarse estas irregularidades, la contratación podría considerarse una «resolución arbitraria» y un uso indebido de fondos públicos por parte de los responsables de la EMT.
Próximos pasos en la investigación
Está previsto que la jueza Belén Sánchez tome declaración a los directivos implicados el próximo 20 de julio, mientras se analiza la documentación relativa al contrato y la justificación de la externalización de la defensa jurídica. La evolución del caso podría marcar un precedente en la gestión de fondos públicos y en la transparencia de las contrataciones en empresas municipales.
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