Ignacio González y el resto de acusados niegan los cargos en el inicio del juicio por el amaño en las adjudicaciones del campo de golf del Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otros acusados, ha negado este martes su implicación en los delitos que se le atribuyen durante la apertura del segundo juicio relacionado con el caso Lezo, centrado en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados al campo de golf del Canal de Isabel II.
Seis años de prisión solicitados por Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de seis años de prisión para Ignacio González, así como para su hermano, su cuñado y otros dos acusados, por dos presuntos delitos de cohecho. Además, reclama el decomiso de 504.780 euros, cantidad que correspondería a los beneficios obtenidos por la empresa Tecnoconcret (TCT) en las operaciones investigadas.
Por su parte, el Partido Socialista (PSOE) ha solicitado penas aún mayores: diez años de cárcel para Ignacio González e Ildefonso de Miguel, y siete años para Pablo González, José Juan Caballero y José Antonio Clemente.
Negación de los hechos en la Audiencia Nacional
En la primera jornada del juicio, celebrada en la Audiencia Nacional y dedicada a cuestiones previas, todos los acusados han negado su responsabilidad en los hechos investigados. Ignacio González, quien fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre y presidente del consejo de administración del Canal de Isabel II en el momento de los hechos, ha respondido con un breve “no” cuando se le preguntó sobre su implicación.
Junto a González, también han negado los cargos Ildefonso de Miguel, exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, así como los socios de TCT: José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González (hermano de Ignacio González) y José Juan Caballero Escudier (cuñado del expresidente).
El tribunal ha tomado declaración a los acusados para confirmar que conocen la acusación y preguntarles si reconocen la autoría de los hechos, algo que todos han rechazado.
Detalles de la acusación
Según el auto de apertura de juicio oral, el exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sostiene que Ignacio González e Ildefonso de Miguel, aprovechando sus cargos públicos en el Canal de Isabel II, habrían dirigido las actuaciones para asegurar la contratación de TCT en dos concursos públicos promovidos por el organismo, con el objetivo de beneficiar a familiares de González.
El documento señala que la empresa TCT, que “carecía de todo medio” para ejecutar los trabajos contratados, contaba entre sus socios a José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier. En el caso de los dos últimos, su participación habría sido encubierta para ocultar sus vínculos familiares con Ignacio González.
- El beneficio total obtenido por TCT a raíz de estas adjudicaciones habría ascendido a 504.780 euros.
- La suma se habría repartido en dos contratos: 381.029 euros en el primero y 123.751 euros en el segundo.
- Según la acusación, estos contratos fueron “solicitados e impuestos de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”.
Próximos pasos en el proceso
Aunque las declaraciones de los acusados se han producido en la fase inicial del juicio, está previsto que vuelvan a declarar tras la práctica de las pruebas, previsiblemente el próximo 5 de noviembre.
El caso continúa generando expectación debido a la relevancia de los implicados y a la gravedad de las acusaciones, que ponen el foco en la gestión de fondos públicos en la Comunidad de Madrid durante varios años.
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