El Gobierno de Costa Rica intensifica su ofensiva sobre el Poder Judicial
Costa Rica, históricamente considerada un bastión democrático en América Latina, atraviesa una crisis institucional sin precedentes. El Ejecutivo, liderado por la presidenta Laura Fernández, ha endurecido su postura contra el Poder Judicial, tras una serie de decisiones y reformas que buscan modificar el equilibrio de poderes en el país.
- El Gobierno de Costa Rica intensifica su ofensiva sobre el Poder Judicial
- Conflicto abierto entre el Gobierno y la Sala Constitucional
- Un trasfondo de tensiones políticas y judiciales
- Bloqueo en el nombramiento de magistrados
- Ofensiva legislativa y recortes presupuestarios
- Preocupación nacional e internacional
- El reto de las mayorías y los límites institucionales
- Perspectivas y desafíos
Conflicto abierto entre el Gobierno y la Sala Constitucional
El detonante de la actual confrontación fue una sentencia emitida por la Sala Constitucional el 30 de julio, cuando, por mayoría, prorrogó el mandato de los magistrados suplentes cuyo periodo había finalizado en diciembre anterior. Esta resolución obligó a la Asamblea Legislativa a votar la lista de candidatos para reemplazarlos, un proceso que hasta ahora había sido bloqueado por el oficialismo.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. La presidenta Fernández, acompañada de su gabinete, calificó la decisión de la Sala como “ilegal e inconstitucional”, acusando a cuatro magistrados de perpetrar un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa, la única, según argumentó, con potestad para nombrar y destituir magistrados. El Ejecutivo anunció, además, que no acataría el fallo, desatando una situación inédita en la historia reciente del país.
Por su parte, la Sala Constitucional defendió su actuación alegando que responde al mandato de proteger los derechos ciudadanos, y tildó de “desproporcionadas” las declaraciones del Gobierno, reafirmando su independencia y compromiso con el Estado de Derecho.
Un trasfondo de tensiones políticas y judiciales
El enfrentamiento entre el oficialismo y el Poder Judicial no es nuevo. Rodrigo Chaves, presidente entre 2022 y 2026 y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, ha mantenido una relación conflictiva con la judicatura, a la que ha acusado reiteradamente de corrupción y de proteger intereses políticos. Fernández, su sucesora y exministra, ha intensificado estas críticas, señalando al Poder Judicial de ser “blando” con el crimen organizado y de defender privilegios.
A ello se suma la acusación de concusión contra Chaves, relacionada con un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Aunque la Corte Suprema avaló procesarlo, la falta de votos suficientes en la Asamblea impidió levantarle la inmunidad, lo que ha contribuido al clima de enfrentamiento institucional.
Bloqueo en el nombramiento de magistrados
El sistema costarricense exige una mayoría cualificada de dos tercios (38 de 57 diputados) para elegir magistrados. Sin embargo, la negativa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a consensuar candidatos ha llevado a un bloqueo prolongado. Desde octubre de 2025, la Asamblea ha votado en once ocasiones sin alcanzar el umbral necesario, dejando al tribunal constitucional sin suplentes y con solo siete magistrados en funciones.
Esta parálisis tiene consecuencias directas en la administración de justicia. Procesos clave, incluidos recursos de amparo y casos relacionados con altos funcionarios, permanecen detenidos. A mediados de julio de 2026, al menos 123 procedimientos estaban suspendidos por falta de quorum en la Sala IV.
Entre los procesos afectados figura una investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña de 2022, en la que está implicado el propio Chaves, ahora ministro. La ausencia de suplentes impide que la Corte Plena pueda decidir sobre el levantamiento de su inmunidad.
Ofensiva legislativa y recortes presupuestarios
La crisis escaló esta semana cuando el oficialismo presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que aprobaron la prórroga de los suplentes. Además, la bancada del PPSO registró un paquete de reformas para modificar la Constitución y otorgar a la Asamblea Legislativa el control total sobre el nombramiento de magistrados, eliminando el papel de la Corte Suprema en el proceso.
A esto se suma un anunciado recorte del 5% al presupuesto del Poder Judicial para 2027, lo que ha generado preocupación en diversos sectores sobre la capacidad operativa de los tribunales.
Preocupación nacional e internacional
El giro autoritario del Gobierno ha provocado la alarma de expresidentes y organizaciones profesionales. Ocho exmandatarios de diferentes tendencias políticas han advertido en un comunicado conjunto sobre el riesgo de que la Sala Constitucional quede inoperante. El Colegio de Abogados ha alertado sobre la inconstitucionalidad de varias reformas propuestas y el peligro de una “parálisis técnica” en el tribunal encargado de proteger las garantías fundamentales.
La presidenta Fernández, que ganó las elecciones de febrero con el 48,3% de los votos y una participación histórica, se declara “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Ha manifestado su admiración por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y ha prometido replicar su modelo, incluyendo la construcción de una megacárcel y la declaración de estados de excepción en zonas afectadas por el narcotráfico.
El reto de las mayorías y los límites institucionales
Aunque el PPSO cuenta con la mayor bancada parlamentaria desde 1982, su número de escaños no le permite modificar la Constitución sin apoyo opositor. Hasta ahora, los partidos de oposición han cerrado filas en defensa de la independencia judicial, bloqueando las reformas propuestas por el oficialismo.
Costa Rica abolió el Ejército en 1949 y desde entonces ha construido un sistema de contrapesos basado en la autonomía judicial y la alternancia pacífica en el poder. La actual ofensiva del Ejecutivo sobre la Sala Constitucional representa el mayor desafío a este modelo en décadas, en un contexto regional donde la derecha radical ha ganado terreno en recientes comicios presidenciales.
Perspectivas y desafíos
El futuro inmediato de la institucionalidad costarricense depende de la capacidad de los actores políticos para negociar y preservar el equilibrio entre poderes. Mientras tanto, crecen las voces que advierten sobre el riesgo de erosión democrática y la pérdida de las garantías constitucionales que han distinguido a Costa Rica en la región.
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