Fiscalía y Agencia Tributaria rechazan excluir la acusación popular en el caso contra Zapatero
La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, han manifestado su oposición a la petición del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de impedir la participación de la acusación popular en la investigación judicial que se sigue en su contra por el hallazgo de joyas de elevado valor en su despacho, cuyo origen permanece desconocido.
El contexto de la investigación
La causa se enmarca en la pieza separada del denominado caso Plus Ultra, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En esta investigación, se imputan a Zapatero posibles delitos fiscales y de contrabando, tras la intervención de joyas valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros durante un registro efectuado el 19 de mayo de 2026. De manera paralela, se investiga un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea.
Argumentos de la Fiscalía
En los escritos remitidos al juez, la fiscal sostiene que la pretensión de Zapatero busca “cerrar el paso al ejercicio de la acción popular antes de llegar siquiera a conocer con certeza la calificación jurídica” de los hechos que se le atribuyen. Además, subraya que la investigación permanece en una fase inicial, donde aún no se ha definido la posición que adoptarán la Fiscalía y la acusación particular ante una eventual apertura de juicio oral.
Anticorrupción destaca que la pieza relativa a las joyas fue abierta con el objetivo de organizar el procedimiento, partiendo del hallazgo realizado en la oficina del expresidente. Asimismo, recalca que la calificación de los presuntos delitos es provisional y que la naturaleza jurídica definitiva dependerá de los nuevos hechos que surjan, tanto por parte de la defensa como de las diligencias que se consideren necesarias.
El papel de la acusación popular
La Fiscalía recuerda que el sistema judicial español contempla la figura de la acusación popular, que permite a cualquier ciudadano o entidad ejercer la acción penal para defender el interés general, incluso cuando exista un perjudicado directo que pueda ejercer la acusación particular, como en este caso la Agencia Tributaria.
Según el Ministerio Público, la legitimidad de la acusación popular no debe ser excluida en la fase de instrucción, ya que su intervención constituye una garantía de pluralidad y transparencia en el proceso penal.
Posición de la Agencia Tributaria
Por su parte, la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, ha recordado en su escrito que el proceso penal español se basa en un modelo de acusación plural, en el que conviven la Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular.
- La acusación particular actúa en defensa de un interés propio, derivado de la condición de ofendido o perjudicado.
- La acusación popular defiende el interés general y la correcta aplicación de la ley penal.
El organismo subraya que la existencia de un perjudicado directo no excluye la intervención de la acusación popular, pues ambos tipos de acusación cumplen funciones complementarias y no incompatibles.
La acción popular como garantía democrática
La Abogacía del Estado argumenta que los presuntos delitos fiscales afectan a un bien jurídico de dimensión pública, lo que, a su juicio, justifica que ciudadanos o entidades legitimadas promuevan la acción penal desde la perspectiva del interés general.
En conclusión, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria consideran que la acción popular es un instrumento fundamental de participación ciudadana en la administración de justicia y que su exclusión no está justificada ni por la naturaleza de la causa ni por la existencia de un perjudicado directo.
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