Félix Alonso niega criterios políticos en los contratos investigados de Altafulla
El diputado de Comuns-Sumar, Félix Alonso Cantorné, ha defendido ante el Tribunal Supremo que las contrataciones realizadas durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona) respondieron exclusivamente a necesidades técnicas y no a motivaciones políticas o partidistas. Así lo han transmitido fuentes de la defensa tras su comparecencia ante el juez Vicente Magro en el marco de la investigación por presunta prevaricación relacionada con la adjudicación de contratos municipales entre 2011 y 2019.
Contratos bajo investigación
La causa judicial se centra en la contratación por parte del Ayuntamiento de Altafulla, bajo el mandato de Alonso Cantorné, de los despachos Milà Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP durante el periodo mencionado. Se investiga si estos acuerdos se efectuaron conforme a la normativa vigente o si, por el contrario, se recurrió a procedimientos irregulares que podrían haber facilitado adjudicaciones directas y arbitrarias.
Según la investigación, se habrían utilizado contratos menores, una modalidad que permite la adjudicación directa sin necesidad de publicidad ni concurrencia pública, eludiendo así los controles habituales en la contratación pública. El Supremo analiza si esta práctica constituyó una mera irregularidad administrativa o si reviste relevancia penal.
Argumentos de la defensa
Durante su declaración, que se prolongó unos 40 minutos, Alonso Cantorné remarcó que la falta de personal en el Ayuntamiento fue determinante para recurrir a servicios externos. La defensa sostiene que existen informes técnicos contradictorios: algunos respaldan la fórmula empleada, mientras que otros plantean reservas sobre la idoneidad de evitar los procedimientos tradicionales de concurrencia.
En este sentido, la defensa subraya que, aun en el caso de que se consideren inapropiadas las contrataciones, el asunto se circunscribiría al ámbito administrativo y no cumpliría los elementos exigidos por el derecho penal para una condena por prevaricación.
Testigos relevantes
El mismo día comparecieron ante el juez otras doce personas, entre las que destacan figuras políticas como el exconseller y actual diputado autonómico de ERC, Joan Ignasi Elena, el excoordinador de ICV, Joan Herrera, y el exconseller de Medio Ambiente, Salvador Milà, además de agentes de los Mossos d’Esquadra y personal de la Oficina Antifraude de Catalunya.
La interventora municipal también respaldó la versión de Alonso, afirmando que la escasez de recursos humanos generaba importantes dificultades en la gestión del Ayuntamiento, lo que obligó a buscar soluciones externas para mantener la operatividad de la administración local.
Cambios de proveedores y contexto normativo
El Ayuntamiento cambió de proveedor cuando Salvador Milà dejó su despacho para asumir nuevas responsabilidades en el Área Metropolitana de Barcelona. Posteriormente, se contrató a Sinergia, sociedad fundada por Herrera y Elena, para continuar con la asesoría jurídica.
La defensa de Alonso insiste en que las restricciones legales impuestas por la llamada “ley Montoro” impedían incrementar la plantilla municipal, lo que forzó al consistorio a recurrir a contratos menores, ya que el servicio requerido no era de carácter permanente y no existía la posibilidad de incorporar a un funcionario especializado.
Próximos pasos en la investigación
Está previsto que la defensa solicite nuevas diligencias para acreditar el tamaño y la composición de la plantilla municipal durante el periodo investigado. El objetivo es demostrar que las contrataciones respondieron a una necesidad objetiva y no a fines partidistas, y solicitar el archivo de la causa al considerar que no existe irregularidad penal, e incluso pone en duda que exista infracción administrativa.
- El proceso continúa a la espera de la declaración de una funcionaria de la Oficina Antifraude, prevista para el próximo 1 de julio.
- La investigación se centra en aclarar si las contrataciones se ajustaron a la legalidad y si existió intencionalidad política en la adjudicación de los contratos.
El caso sigue su curso en el Tribunal Supremo mientras se reúnen todas las pruebas y testimonios necesarios para determinar si hubo o no responsabilidad penal en las actuaciones del exalcalde y actual diputado, Félix Alonso Cantorné.
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