Feijóo exige «limpieza del censo» tras el fallo del Supremo sobre la ‘ley de nietos’
El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación desplegará interventores y apoderados en todas las mesas electorales el próximo 29 de noviembre. Esta declaración llega tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de la conocida como ‘ley de nietos’, que deja fuera del censo electoral a los nacionalizados por esta vía, salvo aquellos que puedan demostrar que sus antepasados fueron exiliados.
El Supremo y la ‘ley de nietos’
La reciente resolución del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno, que solicitaba levantar la suspensión de la ley. El alto tribunal ha dejado claro que la concesión de la nacionalidad española debe limitarse a los descendientes directos de exiliados, en línea con el espíritu de la norma vigente.
Durante una entrevista en esRadio, Feijóo ha subrayado que «no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo», insistiendo en la necesidad de garantizar la transparencia y legalidad en el proceso electoral. Ha recordado que la Junta Electoral Central ya advirtió previamente que la interpretación amplia de la ley por parte del Gobierno contravenía la normativa.
Críticas a la gestión del Gobierno
Feijóo ha acusado al Ejecutivo de intentar ampliar «de forma indiscriminada» el acceso al derecho a voto, permitiendo que cualquier ciudadano con un antepasado español, independientemente de su grado de parentesco o vínculo con el exilio, pueda beneficiarse. Según el líder popular, «esto no tiene parangón» y supone desvirtuar el valor del pasaporte español como instrumento jurídico fundamental.
El candidato del PP ha recalcado que su partido no se opone a que los nietos de exiliados obtengan la nacionalidad y el derecho a voto, pero sí a que se otorgue este privilegio fuera de los límites legales. «Si no le damos valor al pasaporte español, automáticamente todo esto quiebra», ha remarcado.
Preparativos de cara a las elecciones del 29 de noviembre
Feijóo ha asegurado que el Partido Popular estará «activado» hasta el último momento antes de los comicios, incluyendo la jornada de reflexión, y que sus interventores y apoderados estarán presentes en todas las mesas electorales para garantizar la vigilancia del proceso.
El líder de la oposición ha denunciado la existencia de lo que ha calificado como «trampas», «coacciones», «manipulaciones» y «cloacas» en la política española, y ha instado a la ciudadanía a no dejarse engañar en lo que considera una oportunidad para cambiar el rumbo del país.
Exigencias y acusaciones
Feijóo también ha solicitado explicaciones al presidente del Gobierno sobre las informaciones que vinculan a la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, con investigaciones sobre la financiación del PSOE y supuestas maniobras del partido en la sombra. Ha reclamado una respuesta inmediata sobre quién está detrás de esas acciones y quién las ha financiado.
En un tono crítico, Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar «agitar la calle» antes de las elecciones, asegurando que el Ejecutivo se encuentra «muy agitado, muy asustado» y actuando por «instinto de supervivencia».
Huelga general y relación con los sindicatos
Respecto a la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre, Feijóo ha cuestionado la legitimidad de la convocatoria, señalando que, según las propias declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la protesta estaría dirigida contra la oposición. Ha recordado su experiencia previa de colaboración con los sindicatos y ha considerado que esta actuación no responde a los principios que él conocía de estas organizaciones.
Llamamiento a la movilización ciudadana
Por último, Feijóo ha animado a los ciudadanos a manifestarse «de forma clara, contundente y masiva» en las urnas el próximo 29 de noviembre. Ha calificado la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa como el «desahucio democrático» más importante para España, en respuesta a lo que considera una mala gestión gubernamental durante los últimos ocho años.
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