El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria para empresas y profesionales
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto que establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales (sistema B2B). Esta nueva normativa forma parte de la estrategia nacional para impulsar la digitalización y mejorar la eficiencia en el tejido empresarial español.
- El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria para empresas y profesionales
- Implementación escalonada según el tamaño de la empresa
- Beneficios para la digitalización y reducción de la morosidad
- Características de la factura electrónica obligatoria
- Opciones para el intercambio de facturas electrónicas
- Relación con otras medidas y el contexto europeo
- Ahorro y proyección a futuro
- Periodo transitorio y apoyo a las pymes
Implementación escalonada según el tamaño de la empresa
La entrada en vigor de la obligatoriedad será gradual. Las empresas que facturen más de ocho millones de euros anuales dispondrán de un año para adaptarse desde la publicación de la orden ministerial que regulará la plataforma pública de facturación. El resto de las empresas, incluidas pymes y autónomos, contarán con un plazo de dos años para cumplir la normativa.
El Ministerio de Hacienda prevé publicar esta orden ministerial antes del 1 de julio de 2026, momento a partir del cual comenzarán a contar los plazos de adaptación.
Beneficios para la digitalización y reducción de la morosidad
Según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la medida permitirá “impulsar la digitalización del tejido empresarial y reducir la morosidad”. Además, destaca que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, podrán cobrar antes y con mayor previsibilidad, lo que supone una mejora significativa en la gestión de sus operaciones financieras.
Características de la factura electrónica obligatoria
El Real Decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada, lo que facilita la integración directa en los sistemas contables y evita la introducción manual de datos, como sucede con las facturas en PDF o en papel.
La norma también introduce la obligación de informar sobre el estado de cada factura, de modo que las empresas deberán comunicar tanto la aceptación como la fecha de pago efectivo de la misma.
Opciones para el intercambio de facturas electrónicas
- Plataformas privadas interconectadas: Las empresas podrán utilizar plataformas privadas, garantizando que ninguna entidad esté obligada a emplear la plataforma de su cliente.
- Solución pública y gratuita: La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está desarrollando una plataforma pública que estará disponible para todas las empresas y profesionales, incluidos autónomos con bajo volumen de facturación.
Relación con otras medidas y el contexto europeo
La nueva normativa se enmarca en el desarrollo de la Ley Crea y Crece y responde a la estrategia europea para la digitalización del IVA. A diferencia del proyecto Verifactu, también impulsado por el Ministerio de Hacienda y ya en vigor, el objetivo principal de la factura electrónica B2B no es el control fiscal, sino la mejora de la eficiencia empresarial y la reducción de cargas administrativas.
Por su parte, Verifactu tiene como finalidad principal la lucha contra el fraude fiscal, estableciendo requisitos técnicos para los programas de facturación y facilitando el envío de información a la Agencia Tributaria. Aunque ambos proyectos se han tramitado de forma paralela, sus objetivos y efectos son distintos.
Ahorro y proyección a futuro
En España ya se intercambian anualmente más de 550 millones de facturas electrónicas, lo que se traduce en un ahorro estimado de más de 2.700 millones de euros, según datos del Gobierno.
La experiencia de Italia, donde el sistema funciona desde 2019 y procesa más de 2.000 millones de facturas electrónicas al año, sirve de referencia. El Ejecutivo español estima que, al alcanzar ese volumen, el ahorro para las empresas nacionales podría superar los 8.000 millones de euros anuales.
Periodo transitorio y apoyo a las pymes
El ministro Cuerpo ha subrayado que el período transitorio se ha diseñado para facilitar la adopción de la factura electrónica, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta sus características y necesidades específicas.
Con esta medida, el Gobierno pretende consolidar la transformación digital del tejido empresarial, reducir los costes administrativos y hacer más competitiva la economía española en el contexto europeo.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
