Expropiación de viviendas: Sumar reaviva el debate sobre los límites legales ante la especulación inmobiliaria

Expropiación de viviendas: límites legales y alternativas constitucionales frente a la especulación inmobiliaria

El debate sobre la intervención del Estado en el mercado de la vivienda ha vuelto a la primera plana tras la propuesta de Sumar de expropiar el piso de una pensionista de 87 años desahuciada por Urbagestión en el barrio de Retiro, Madrid. El partido ha instado al Gobierno a abordar la medida en el próximo Consejo de Ministros, subrayando la necesidad de anteponer el interés general a los intereses especulativos de los llamados fondos buitre.

El marco jurídico de la expropiación en España

Expertos en Derecho Constitucional advierten que, si bien la propuesta responde a una inquietud social legítima, su aplicación jurídica es compleja. La Constitución Española, en su Artículo 33.3, permite la expropiación forzosa por causa justificada de utilidad pública o interés social, pero exige una justificación objetiva y un procedimiento riguroso, incluyendo la compensación mediante el justiprecio.

Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional, destaca que la expropiación debe ser siempre el último recurso y estar sólidamente fundamentada en el interés general. Cualquier actuación de este tipo podría ser revertida si los tribunales consideran que la medida es desproporcionada o carece de base legal suficiente.

¿Cuándo es viable la expropiación de una vivienda?

Raquel Valle, doctora en Derecho Constitucional, coincide en que justificar la expropiación de una vivienda particular resulta extremadamente difícil fuera de situaciones excepcionales, como inmuebles abandonados o terrenos necesarios para servicios públicos. La expropiación, insisten los especialistas, no debe utilizarse como herramienta ejemplarizante ni sancionadora, sino como medida excepcional cuando todas las demás vías legales y sociales han sido agotadas.

• La expropiación requiere una causa demostrable de interés general.
• Debe garantizarse un justiprecio basado en el valor objetivo del inmueble.
• No puede emplearse para resolver casos individuales sin una fundamentación sólida.

La legislación actual: el verdadero foco del problema

El debate va más allá de los casos concretos. Para Valle, el verdadero problema reside en una legislación que permite a los fondos de inversión actuar como actores especulativos en el mercado inmobiliario. La solución, subraya, pasa por reformar la normativa para:

• Combatir la especulación inmobiliaria.
• Impedir los desahucios sin alternativas habitacionales.
• Aplicar topes de precios al alquiler.
• Gravar fiscalmente la acumulación de viviendas en manos de grandes propietarios.

Estas medidas encuentran amparo en el Artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general y a impedir la especulación.

Propuestas e iniciativas parlamentarias

En septiembre, Sumar presentó en el Congreso una proposición de ley para limitar la compra de viviendas a personas físicas, con el objetivo de frenar la concentración inmobiliaria en manos de empresas. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido al rechazo de los partidos de derechas y la abstención del PSOE.

Según Urías, la mejor vía para frenar la actividad especulativa de los fondos es que la propia ley establezca límites claros y precise en qué condiciones puede procederse a la expropiación de viviendas y bajo qué argumentos.

El alcance real de las expropiaciones: datos y obstáculos

Los datos confirman que la expropiación aislada de un inmueble no resolverá la crisis habitacional. En 2025, se registraron en España 24.540 lanzamientos judiciales, lo que equivale a 67 desahucios diarios. Además, la tramitación de una expropiación requiere la apertura de un expediente específico, estudios de mercado y la determinación del justiprecio, lo que dificulta la viabilidad de soluciones inmediatas.

Aunque Sumar plantea la introducción rápida de supuestos de expropiación a través de un Real Decreto-ley, los expertos consideran que los plazos y procedimientos legales hacen improbable la aplicación efectiva en casos concretos de urgencia.

Conclusiones

La expropiación de viviendas en España es una herramienta legal de uso limitado, sujeta a estrictos controles constitucionales y jurídicos. Los expertos coinciden en que legislar contra la especulación y fortalecer los derechos sociales en materia de vivienda resulta más efectivo y realista que recurrir a expropiaciones puntuales. La reforma legal y el refuerzo de las políticas públicas parecen ser el camino más sólido para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación en el mercado inmobiliario.