El exresponsable de las ambulancias durante la pandemia se acoge a no declarar en el ‘caso residencias’
Pablo Busca, quien lideró el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid durante los meses críticos de la pandemia, ha optado por no declarar ante el juez en su primera comparecencia judicial por el conocido ‘caso residencias’. La investigación se centra en su participación en la elaboración y aplicación de los protocolos que restringieron el acceso hospitalario a miles de personas mayores residentes en centros sociosanitarios durante la crisis sanitaria de 2020.
Decisión procesal: a la espera de determinar la competencia
Busca había sido citado a declarar por videoconferencia este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe. Sin embargo, su defensa comunicó al magistrado la decisión de no responder a ninguna pregunta, argumentando que existe una cuestión de competencia pendiente de resolver entre este juzgado y el de Instrucción número 3 de Madrid. Según explicó Carlos Castillo, abogado de varias familias afectadas, la estrategia procesal adoptada por la defensa implica esperar a que se determine qué órgano judicial asumirá definitivamente la investigación.
Reacciones de las familias y asociaciones
La postura de Pablo Busca ha generado indignación entre familiares de las víctimas y colectivos que reclaman justicia. Maite Rodríguez, hija de Petra Gadea —exresidente del centro Los Ángeles— subraya la responsabilidad que implica ocupar un cargo público y lamenta la falta de colaboración del exresponsable del SUMMA 112: «Lo mínimo ahora sería que colaborara con la justicia y asumiera su responsabilidad». Rodríguez denuncia la ausencia de empatía y arrepentimiento entre quienes, según su opinión, contribuyeron a la muerte de 7.291 personas mayores en condiciones especialmente duras.
Por su parte, María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, recuerda que el dolor de las familias no ha disminuido con el paso del tiempo: «El próximo 18 de marzo se cumplen seis años de los protocolos y seis años de martirio, sufrimiento y desprecio hacia las víctimas y sus familias». Carmen Ruiz, representante de Marea de Residencias, critica que Busca continúe recurriendo a «maniobras legales» para evitar dar explicaciones sobre su papel en la gestión de las residencias.
Más altos cargos investigados por la gestión de la pandemia
Pablo Busca es el tercer alto cargo del Gobierno regional durante la etapa de Isabel Díaz Ayuso que está siendo investigado por la gestión de las residencias en la pandemia. La investigación se inició tras la querella de familiares de víctimas y se centra también en Carlos Mur —quien firmó los protocolos— y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado uno de los principales ideólogos de las directrices que restringieron la derivación hospitalaria.
- Francisco Javier Martínez Peromingo: Compareció ante el juez este jueves y ratificó sus declaraciones anteriores en otros juzgados. Reiteró que las residencias no fueron medicalizadas y que tanto él como su equipo mostraron desacuerdo con el protocolo firmado por Mur.
- Carlos Mur: Estaba citado para declarar también este jueves por videollamada, pero su comparecencia se ha aplazado hasta el 15 de abril.
- María José Burgos Gómez: Exdirectora de una residencia durante la pandemia, su declaración como investigada ha sido pospuesta hasta el 20 de abril, debido a que su citación fue notificada con menos de un día de antelación.
El procedimiento judicial continúa
El proceso sigue abierto mientras se resuelve la competencia entre los juzgados implicados y se programan las próximas declaraciones. La causa examina la cadena de decisiones administrativas y sanitarias que, según denuncian familiares y asociaciones, tuvieron consecuencias devastadoras para miles de personas mayores en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
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