Exconcejales de Compromís y Guanyar señalan al gobierno de Luis Barcala por el caso de las VPP de Les Naus en Alicante
El caso de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Alicante ha desatado una intensa polémica política en el Ayuntamiento de la ciudad. Los exconcejales Miguel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís) han responsabilizado directamente al actual gobierno municipal, encabezado por el popular Luis Barcala, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de estos inmuebles.
Comisión de investigación en Les Corts
Ambos exediles comparecieron por separado en la primera sesión de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, encargada de esclarecer la gestión y el proceso de adjudicación de las VPP en Les Naus, situadas en una parcela municipal que fue enajenada. Durante sus intervenciones, Pavón y Bellido coincidieron en señalar al equipo de gobierno del Partido Popular, liderado por Barcala, como principal responsable político del escándalo.
Antecedentes del expediente
El origen del expediente de enajenación de la parcela se remonta a 2016, cuando el gobierno tripartito de Alicante —formado por PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís— inició el estudio para su tramitación. No obstante, el proceso fue paralizado a finales de 2017. Fue posteriormente, ya con el Partido Popular en el Ejecutivo local, cuando se retomó y se aprobó la operación.
Dimisiones y repercusiones políticas
La situación ha derivado en una importante crisis en el consistorio alicantino. El propio Luis Barcala reconoció la gravedad del “escándalo”, que ha provocado varias dimisiones relevantes, entre ellas la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), la directora general municipal María Pérez-Hickman —cuyos hijos y un sobrino accedieron a viviendas protegidas— y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.
Demandas de responsabilidad y dimisión
Natxo Bellido subrayó durante su intervención que el alcalde Luis Barcala es “el máximo responsable político” de la situación, tanto por omisión como por falta de control, y pidió su dimisión. Bellido lamentó que la imagen de Alicante se esté asociando al “enchufismo” y la “corrupción”, calificando el caso como “terrible para la democracia y la clase política”, especialmente en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.
Por su parte, Miguel Pavón recordó que fue la Junta de Gobierno presidida por Barcala la que aprobó la enajenación de la parcela el 10 de julio de 2018. Pavón insistió en que la responsabilidad recae tanto en el gobierno local del PP como en la Generalitat Valenciana, y no en el anterior tripartito, que finalmente desistió del expediente.
Contexto judicial y repercusión social
El caso de las VPP de Les Naus está siendo investigado por un juzgado, lo que añade presión institucional y social sobre el ejecutivo municipal. La polémica ha reavivado el debate sobre la transparencia y la gestión de las políticas públicas de vivienda en un momento especialmente sensible para la ciudadanía.
- Los exconcejales demandan mayor control institucional y transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas.
- El caso ha desembocado en múltiples dimisiones y ha deteriorado la imagen pública del consistorio alicantino.
- La investigación judicial determinará las posibles responsabilidades administrativas y penales.
El desarrollo de los acontecimientos y las conclusiones de la comisión de investigación serán determinantes para esclarecer la gestión de las VPP en Les Naus y sus repercusiones en la política municipal de Alicante.
Nota:
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