Preocupante retroceso de la protección legal LGTBIQ+ en Europa, según ILGA-Europe
La organización europea ILGA-Europe ha alertado sobre un preocupante retroceso en la protección legal de las personas LGTBIQ+ a lo largo del continente. Su informe anual correspondiente a 2025 refleja una disminución significativa en las garantías legales y una proliferación de medidas legislativas restrictivas que afectan directamente a los derechos del colectivo.
Recortes en fondos y aumento de legislación restrictiva
El informe pone de manifiesto la reducción de fondos destinados a la lucha contra la LGTBIfobia y el avance de leyes que limitan la libertad sexual y la identidad de género. Según Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA-Europe, “la propaganda, la búsqueda de chivos expiatorios y la desinformación se intensifican hasta llegar a la negación de los derechos fundamentales, lo que ahora se ha traducido en leyes que criminalizan y silencian”.
ILGA-Europe destaca que no se trata de situaciones aisladas, sino de una tendencia consolidada en la última década. Entre las principales acciones detectadas se encuentran:
- Aprobación de legislación penal que califica como “propaganda” o “extremismo” diversas actividades o manifestaciones LGTBIQ+.
- Incremento de controles sobre la financiación extranjera de asociaciones del colectivo.
- Cierre de organizaciones que defienden los derechos LGTBIQ+.
- Aplicación de enmiendas constitucionales que definen el sexo en términos estrictamente biológicos.
- Restricciones a la libertad de reunión, frecuentemente justificadas en argumentos sobre protección de la infancia o el orden público.
Situación especialmente grave en el Este de Europa
El documento recoge decenas de casos en toda Europa, con especial énfasis en los países del Este. Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, figura entre los principales motivos de preocupación. El Ejecutivo húngaro ha aprobado enmiendas que prohíben la celebración del Orgullo y otros eventos LGTBIQ+, imponiendo multas a organizadores y asistentes, y autorizando el uso de reconocimiento facial para identificar a quienes acuden a estas concentraciones.
En Rusia, la designación del colectivo LGTBIQ+ como “extremista” ha incrementado el riesgo de sanciones penales por participar en actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género. Las autoridades han cerrado organizaciones amparándose en leyes contra el extremismo. Situaciones similares se observan en Moldavia y Georgia, países donde la influencia rusa está en aumento, así como en Polonia, donde el discurso político y legislativo presenta a las identidades LGTBI como amenazas a los valores nacionales, morales o religiosos.
Retrocesos en Europa Occidental y Reino Unido
Aunque la tendencia es más acusada en el Este, el informe también subraya retrocesos en Europa Occidental. Destaca la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que interpreta los términos “mujer” y “sexo” exclusivamente según el sexo biológico asignado al nacer. Esta interpretación afecta directamente a las políticas de igualdad e inclusión, especialmente en el ámbito educativo y en organismos públicos, restringiendo las garantías para los estudiantes transgénero.
La situación en España: avances estatales y retrocesos autonómicos
En el caso de España, ILGA-Europe no detecta retrocesos legales a nivel estatal ni una disminución del apoyo institucional al colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, el informe señala retrocesos en varias comunidades autónomas, atribuidos a la influencia de Vox y la colaboración del Partido Popular.
- En la Comunidad de Madrid, la Asamblea rechazó penalizar las prácticas de reconversión.
- En la Comunitat Valenciana, los votos de PP y Vox impidieron avances en protección legal.
- La Generalitat Valenciana ha reducido las exigencias de la Ley Trans, eliminando la obligatoriedad para las escuelas de abordar la identidad de género o la diversidad familiar, y limitando la prohibición de las terapias de conversión solo a prácticas coercitivas.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha iniciado la revisión del recurso presentado por el Partido Popular contra aspectos clave de la Ley Trans, que reconoce la autodeterminación de género y prohíbe las terapias de conversión. La ley permite, entre otras medidas, que menores de entre 12 y 16 años puedan cambiar el marcador de sexo en el Registro Civil con apoyo legal, disposición impugnada por PP y Vox.
Conclusión
El análisis de ILGA-Europe evidencia una preocupante consolidación de tendencias restrictivas contra los derechos civiles del colectivo LGTBIQ+ en toda Europa, con especial gravedad en el Este pero también con señales de alerta en el resto del continente. Mientras algunos países avanzan hacia la igualdad, otros retroceden, poniendo en riesgo décadas de conquistas en derechos humanos y libertades fundamentales.
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