Europa Laica critica la gestión contable de la Iglesia para ocultar la sobrefinanciación estatal
La asociación Europa Laica ha presentado un informe en el que acusa a la Conferencia Episcopal Española de realizar «malabarismos contables» en sus memorias económicas desde 2023, con el objetivo de evitar críticas sobre la «sobrefinanciación» que, según la organización, continúa recibiendo la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria del Estado.
- Europa Laica critica la gestión contable de la Iglesia para ocultar la sobrefinanciación estatal
- Distribución de fondos y ocultación del superávit
- Respuesta de la Conferencia Episcopal
- Datos económicos: ingresos y destino de los fondos
- Transparencia y justificación del gasto
- Críticas a la gestión de la memoria económica
- El debate sobre la autofinanciación eclesial
- Dimensión de los fondos públicos destinados a la Iglesia
- Reivindicaciones de Europa Laica
Distribución de fondos y ocultación del superávit
El informe, dado a conocer en una rueda de prensa en Córdoba, sostiene que la Conferencia Episcopal ha modificado la manera de presentar sus cuentas para que el superávit generado por la asignación vía IRPF —la conocida «X de la Iglesia» en la declaración de la renta— no sea visible en sus informes. Según Juanjo Picó, representante de Europa Laica, “ahora las diócesis se sobrefinancian, pero en la economía de la Conferencia Episcopal ya no aparece el ítem de superávit”.
Hasta el año 2022, el superávit figuraba en las memorias bajo distintos conceptos. Sin embargo, desde 2023, este excedente se transfiere directamente a las diócesis, “ocultando” así su existencia y evitando críticas tanto de organismos como el Tribunal de Cuentas como de organizaciones laicistas. Europa Laica calcula que entre 2016 y 2024 el superávit diocesano acumulado asciende a 382,2 millones de euros, un 9,5% de los recursos recibidos en 2024, sin que se detalle su destino o la existencia de un fondo de reserva específico.
Respuesta de la Conferencia Episcopal
A las críticas, la Conferencia Episcopal responde que el destino principal de los fondos —más del 80%— va a las diócesis y que el superávit o déficit depende de la voluntad de los contribuyentes que marcan la X en su declaración. “La Iglesia solo recibe lo que quieren los contribuyentes explícitamente marcando la X. Es el único ejercicio de democracia fiscal”, afirma la institución, defendiendo que no supone una merma de fondos públicos sino una asignación directa de los ciudadanos.
Datos económicos: ingresos y destino de los fondos
Según la memoria de 2024, las diócesis recibieron un total de 1.395 millones de euros, de los cuales el 23% provenía de la asignación tributaria. El gasto total declarado fue de 1.262 millones, dejando un excedente de 133 millones de euros. A preguntas sobre el destino de esta diferencia, la Conferencia Episcopal indicó que se ha utilizado para reducir el endeudamiento, especialmente el generado durante la pandemia.
El Tribunal de Cuentas, en su fiscalización de 2020, ya alertó sobre la posible divergencia entre el compromiso de colaboración del Estado y las necesidades reales de la Iglesia, subrayando que el tratamiento de superávits o déficits no ha sido objeto de acuerdo entre ambas partes.
Transparencia y justificación del gasto
Europa Laica denuncia que la memoria anual de la Conferencia Episcopal ofrece poca transparencia y no detalla adecuadamente el destino de los fondos recibidos. El informe señala que el 62,9% de lo recaudado por IRPF se destina a la retribución del clero (salarios y cotizaciones), y critica la falta de desglose y claridad en la justificación del uso de los recursos.
Un aspecto destacado por la asociación es que, desde 2022, no consta que parte de la asignación tributaria se haya dedicado a Cáritas, organización a la que tradicionalmente se destinaba alrededor de un 2% de los fondos.
Críticas a la gestión de la memoria económica
El Tribunal de Cuentas recomienda que el Gobierno impulse mecanismos para regular y detallar la información que debe proporcionar la memoria de la Iglesia, así como la delimitación de los gastos que pueden cubrirse con la asignación tributaria y el tratamiento de los superávits.
Europa Laica va más allá y acusa al Gobierno y a los partidos parlamentarios de negligencia y connivencia por no exigir una justificación clara y objetiva del adecuado sostenimiento económico de la Iglesia, compromiso recogido en los acuerdos con la Santa Sede desde 1979 y reiterado en 2006.
El debate sobre la autofinanciación eclesial
A pesar de que la Iglesia Católica declaró en 1979 su intención de avanzar hacia la autofinanciación, Europa Laica lamenta que, casi 50 años después, no se haya progresado en este sentido. Considera especialmente grave que los distintos gobiernos no hayan exigido el cumplimiento de ese compromiso.
Dimensión de los fondos públicos destinados a la Iglesia
El informe de Europa Laica estima que, sumando la asignación por la declaración de la renta (382 millones de euros en 2024) y otros ingresos procedentes de impuestos, exenciones fiscales, subvenciones educativas y ayudas a obras sociales y eventos religiosos, la cifra total de fondos públicos que recibe la Iglesia y sus entidades podría alcanzar los 13.000 millones de euros anuales.
- Asignación por IRPF: 382 millones de euros (2024)
- Exenciones fiscales (IBI y otros impuestos)
- Subvenciones a colegios concertados y obras sociales
- Ayudas a actividades patrimoniales y religiosas
Desde la Conferencia Episcopal se defiende que estos fondos se destinan a una amplia labor social y asistencial, gestionada a través de 8.800 centros que atienden a más de 3,8 millones de personas. La Iglesia sostiene que cada euro invertido vía asignación tributaria genera un valor social multiplicado por cuatro. Sin embargo, Europa Laica califica estas cifras de “mágicas” y las considera una “cortina de humo” para evitar el debate sobre la financiación real y la transparencia.
Reivindicaciones de Europa Laica
La asociación insiste en que su informe no responde a planteamientos antirreligiosos, sino a la defensa de la transparencia, la gestión eficaz de los recursos públicos y el derecho de la ciudadanía a una información clara y verificable sobre el destino de los fondos entregados a la Iglesia Católica.
Europa Laica reclama la fijación de criterios objetivos para cuantificar el adecuado sostenimiento económico comprometido por el Estado, así como una supervisión rigurosa del uso de los fondos, tal y como se exige a cualquier otra entidad que recibe financiación pública.
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