Esperanza Aguirre declara como testigo en el juicio a Ignacio González por el ‘caso Lezo’
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, compareció este jueves ante la Audiencia Nacional para prestar declaración como testigo en el juicio contra Ignacio González, su exnúmero dos y sucesor al frente del Gobierno regional, por su presunta implicación en el conocido como ‘caso Lezo’.
Contexto del juicio y antecedentes
Ignacio González, quien ejerció como vicepresidente autonómico durante el mandato de Aguirre y presidió el Canal de Isabel II, se enfrenta a la justicia por supuestas irregularidades cometidas entre 2004 y 2006. González fue arrestado en 2017 y pasó seis meses en prisión provisional. Esta causa judicial, vinculada al Partido Popular, investiga la adjudicación de obras en el Canal de Isabel II y la gestión de instalaciones deportivas, señalando el posible beneficio de familiares directos del acusado.
Las acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión tanto para Ignacio González como para su hermano, su cuñado y otros dos implicados, entre ellos Ildefonso de Miguel, quien fuera director gerente del Canal de Isabel II en ese periodo. Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la convocatoria de un concurso en 2003 para remodelar el depósito de agua de la avenida de Filipinas, en Madrid, proyecto valorado en más de 40 millones de euros y adjudicado a la empresa Dragados.
- En 2004, González y De Miguel impulsaron un modificado del contrato original, eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento, e incorporando la construcción de un campo de golf con césped artificial.
- La adjudicación de este modificado se realizó directamente a Dragados, bajo la condición de subcontratar determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), sociedad relacionada con los familiares de González.
La Fiscalía sostiene que tanto el hermano como el cuñado de Ignacio González eran titulares de la empresa TCT, utilizando a terceros para ocultar la relación familiar con el entonces vicepresidente madrileño.
Nuevas adjudicaciones y presunto lucro indebido
En 2006, el Canal de Isabel II convocó un nuevo concurso para la gestión de las instalaciones deportivas, resultando adjudicataria una unión temporal de empresas (UTE) integrada por TCT y otras dos sociedades. El contrato, valorado en 3,25 millones de euros y con una duración de cinco años, fue aprobado por el Consejo de Administración del Canal el 27 de diciembre de ese año.
De acuerdo con la Fiscalía, la actuación coordinada de los acusados permitió que TCT, empresa que carecía de la capacidad técnica necesaria, fuera intermediaria en los contratos y obtuviera, de manera indebida, al menos 504.780 euros de fondos públicos destinados a dichas adjudicaciones.
Próximos pasos en el proceso judicial
La declaración de Esperanza Aguirre como testigo es un paso clave en el desarrollo de este proceso judicial, que busca esclarecer el posible uso irregular de recursos públicos y la existencia de tramas de corrupción en la gestión de infraestructuras públicas madrileñas. El juicio continuará con las comparecencias de los acusados y testigos en las próximas semanas.
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