El Gobierno regula los centros de datos y refuerza las exigencias energéticas y de sostenibilidad
A tan solo una semana de las elecciones generales, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al esperado real decreto que regula los centros de datos en España. Esta normativa, impulsada conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía y Transformación Digital, establece un marco regulatorio pionero para una industria en plena expansión y con un fuerte impacto sobre el sistema energético nacional.
Un impulso estratégico con impacto energético
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado la importancia de esta regulación, advirtiendo que la ausencia de normas claras habría supuesto un sobrecoste anual de hasta 5.000 millones de euros en la factura eléctrica del país. Según explicó, este impacto se desglosa en 4.000 millones por el incremento del precio en el mercado mayorista, debido a un aumento del 165% en el consumo de gas natural, y otros 1.000 millones adicionales por el coste de los mecanismos de capacidad, incrementando la presión sobre consumidores e industria.
España ya cuenta con 15 gigavatios (GW) de capacidad para centros de datos con permisos concedidos —seis en transporte y nueve en distribución—, lo que equivale a cerca del 40% del consumo máximo nacional. Además, existen más de 20 GW adicionales en trámites, cifras que superan ampliamente las previsiones iniciales de la Estrategia de Inteligencia Artificial para 2024, que estimaba menos de 4 GW para 2030.
Nuevas exigencias para garantizar la sostenibilidad
El decreto, derivado del Real Decreto-ley 7/2026, fija que las grandes instalaciones —aquellas de más de 10 megavatios— deberán garantizar que al menos el 80% de su consumo anual provenga de fuentes renovables. Esta obligación puede cumplirse mediante autoconsumo, almacenamiento o contratos a largo plazo con instalaciones renovables recientes, introduciendo una senda progresiva hasta 2032 para alcanzar la correlación horaria entre consumo y generación verde. Estas medidas estarán vigentes hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico nacional.
La regulación suaviza los requisitos iniciales tras recibir más de 600 alegaciones y un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), respondiendo así a las preocupaciones del sector y evitando posibles frenos a la inversión.
Transición y flexibilidad para los nuevos proyectos
El Gobierno establece un régimen transitorio voluntario, conocido como Sistema de Reducción Automática de Potencia, para los proyectos más inmediatos durante los próximos cinco años. Este mecanismo contempla la posibilidad de desconexión temporal de los centros de datos si se detecta tensión en la red eléctrica. Las exigencias de correlación horaria serán progresivas: un 60% en horas punta hasta 2028, elevándose al 70% en horas punta y llanas a partir de esa fecha, y alcanzando el 80% de cumplimiento estricto desde 2032.
En caso de incumplimiento, se establecen sanciones que pueden llegar a la suspensión de los derechos de acceso y conexión durante tres años, así como compensaciones económicas proporcionales que serán destinadas a la retribución de los mecanismos de capacidad, con el objetivo de no repercutir estos costes en el resto de consumidores.
Los proyectos actualmente en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a la nueva normativa, o de tres meses si están a la espera de un concurso de acceso a la red. También tendrán la opción de renunciar a sus derechos sin penalización.
Requisitos de eficiencia hídrica y energética
En cuanto al consumo de agua, la normativa exige que todos los nuevos centros de datos obtengan la etiqueta europea “A”, lo que implica un uso casi nulo, limitado a 0,1 litros por kilovatio. Se establece un régimen transitorio para garantizar una eficiencia hídrica (WUE) igual o inferior a 0,1 y una eficiencia energética (PUE) igual o inferior a 1,25, en línea con las futuras directrices europeas.
La exigencia de máxima eficiencia energética se adaptará a las condiciones climáticas de cada región, por lo que existirá una clasificación diferenciada para zonas como Andalucía, la costa mediterránea o el norte peninsular. Además, los centros de más de 500 kW deberán remitir anualmente sus datos de eficiencia al Ministerio, y los de más de 1 MW deberán informar sobre el cumplimiento del código de conducta europeo.
Soberanía digital y protección de datos
La normativa también incorpora un bloque específico de soberanía digital, estableciendo mecanismos de supervisión aplicables a todos los centros de datos que gestionen información sensible, como datos sanitarios, fiscales, energéticos o de transporte. Se exigirá que estos datos permanezcan alojados en España o en el Espacio Económico Europeo, limitando el acceso y la gestión a personal y recursos situados en la Unión Europea y restringiendo la transferencia a terceros países.
Contexto internacional y justificación de la urgencia
La ministra Aagesen ha señalado que la adopción de este decreto responde a las dificultades experimentadas en otros mercados saturados por el crecimiento de los centros de datos, como Irlanda —donde su consumo representa el 23% de la electricidad nacional—, Países Bajos y varios estados de Estados Unidos, que han tenido que imponer moratorias o restricciones para evitar tensiones en el sistema eléctrico.
Conclusión
Con esta regulación, España se posiciona como pionera a nivel global en la gestión sostenible y eficiente de los centros de datos, anticipándose a escenarios de sobrecoste energético y garantizando la protección de los recursos públicos y la soberanía digital. El nuevo marco normativo busca equilibrar el impulso a la inversión tecnológica con el compromiso ambiental y la protección de los intereses de consumidores e industria.
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