El Tribunal de Cuentas detecta posibles irregularidades en la compra del ático de Ayuso
El Tribunal de Cuentas ha identificado indicios de que la adquisición de un ático valorado en 6,3 millones de euros en el barrio de Chamberí, llevada a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, podría haber supuesto una salida de fondos públicos “carente por completo de justificación legal”.
En un auto reciente, el órgano fiscalizador ha rechazado la petición de archivo presentada tanto por la Comunidad de Madrid como por la empresa pública Planifica Madrid, responsable de la operación inmobiliaria. El Tribunal ha decidido elevar las actuaciones y solicitar la designación de un “delegado instructor” encargado de desarrollar las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), en relación con los hechos denunciados.
Rechazo al archivo y continuación de la investigación
El Tribunal ha dado por personados en el proceso a varios actores, entre los que se encuentran el letrado Javier Flores, quien inició las actuaciones ante este órgano, así como los grupos políticos Más Madrid y PSOE.
Entre los elementos analizados, el Tribunal de Cuentas subraya que la memoria justificativa de la necesidad de la operación data de julio, tres meses después de que se formalizara la escritura de compraventa. Además, resalta que Planifica Madrid, la sociedad utilizada para la adquisición, actúa como “medio propio” de la Comunidad de Madrid, por lo que cualquier actuación de este tipo requeriría un “encargo previo” por parte del Consejo de Gobierno.
Cuestiones sobre el precio y la legalidad de la operación
El órgano fiscalizador tampoco ha dado validez al argumento de que no existió “sobreprecio” en la compra, considerando la segunda tasación realizada en octubre. Asimismo, ha tenido en cuenta los indicios relativos al posible cerramiento ilegal de la terraza y al hecho de que la licitación para la venta del inmueble quedó desierta.
- Memoria justificativa elaborada tres meses después de la compra.
- La operación fue realizada a través de una empresa pública, cuya intervención exige autorización previa del Gobierno regional.
- Existen dudas sobre la valoración del inmueble y el cumplimiento de la normativa urbanística.
Con este auto, el Tribunal de Cuentas abre la puerta a una investigación en profundidad sobre la gestión de fondos públicos en la operación y el posible incumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
Se prevé que en los próximos días se amplíe la información a medida que avance la instrucción de las diligencias.
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