El Tribunal Supremo rechaza intervenir en la competencia del ‘caso Montoro’
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no pronunciarse sobre la solicitud de traslado del conocido como ‘caso Montoro’ a los juzgados de Madrid, argumentando “falta de competencia para su conocimiento”. De este modo, el alto tribunal devuelve la responsabilidad a la Audiencia Provincial de Tarragona, que deberá determinar si mantiene la causa en los juzgados de instrucción de la provincia o la traslada a la capital.
Contexto del caso
El caso investiga posibles irregularidades durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. El juez de Tarragona, Rubén Rus, examina si desde el Ministerio se promovieron normativas para favorecer a empresas del sector de gases industriales, clientes del despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro y del que se desvinculó en 2008.
Petición de traslado y decisión del Supremo
La petición de traslado a Madrid fue presentada por Equipo Económico —el citado despacho profesional— y por la organización Manos Limpias. Ambos solicitaron al Supremo que clarificara la competencia judicial sobre la instrucción del caso, argumentando que debía recaer en los juzgados madrileños.
Sin embargo, en un auto reciente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la solicitud. El alto tribunal sostiene que “no se ha suscitado una cuestión de competencia entre dos órganos judiciales ubicados en distintas comunidades autónomas”, por lo que la causa no encaja en el tipo de contienda que le corresponde resolver.
El papel de la Audiencia Provincial de Tarragona
Anteriormente, la Audiencia Provincial de Tarragona había evitado pronunciarse al respecto, considerando que la competencia para decidir recaía en el Supremo. Ahora, este último determina que es el tribunal tarraconense quien debe resolver la cuestión.
El Supremo aclara que la reclamación corresponde a la Audiencia Provincial de Tarragona “en su condición de tribunal superior del órgano instructor”. Añade que el simple deseo de las partes de trasladar la causa a otro territorio “no constituye, por sí solo, una cuestión de competencia entre órganos judiciales”.
Conclusión: un proceso judicial aún abierto
Con esta decisión, el Supremo se aparta del proceso y deja en manos de la justicia catalana la resolución sobre la localización del caso. La investigación sobre la posible connivencia entre el Ministerio de Hacienda y empresas privadas durante el mandato de Montoro deberá, por tanto, seguir su curso en Tarragona hasta nuevo pronunciamiento judicial.
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