El Tribunal Supremo de Israel respalda la expulsión de ONG internacionales de Gaza y Cisjordania
El Tribunal Supremo de Israel ha confirmado la orden gubernamental que obliga a 35 organizaciones humanitarias internacionales a cesar sus actividades en Gaza y Cisjordania, tras rechazar un recurso interpuesto por una veintena de estas ONG. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno israelí y las entidades humanitarias que operan en los territorios palestinos.
Plazo de 30 días para adaptarse al nuevo registro
La resolución, fechada el 20 de mayo de 2026, concede un periodo de 30 días a las organizaciones afectadas para que se adapten a un nuevo sistema de registro impuesto por las autoridades israelíes. Las ONG se han negado a completar este procedimiento, ya que implica proporcionar información detallada sobre sus empleados palestinos al Gobierno de Israel.
La medida, anunciada originalmente el 30 de diciembre de 2025, exige a las organizaciones entregar datos completos y verificables sobre su personal. Según las autoridades israelíes, esta exigencia responde a la sospecha de que algunas personas afiliadas a estas ONG podrían tener vínculos con organizaciones islamistas palestinas.
Impacto internacional y organizaciones afectadas
La expulsión afecta a organizaciones humanitarias procedentes de diversos países, incluyendo España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido y Canadá. Entre las entidades de mayor renombre figuran Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM y Movimiento por la Paz, todas con una larga trayectoria en la región.
Argumentos de seguridad y privacidad
En su resolución, el Tribunal Supremo israelí, en coordinación con el Ministerio de Lucha contra el Antisemitismo, rechazó los argumentos presentados por las ONG. Las organizaciones alegaban que facilitar nombres y números de identificación de sus empleados expondría información sensible, poniendo en riesgo la seguridad y privacidad de sus trabajadores palestinos.
No obstante, el Tribunal consideró que los datos requeridos no entran en la categoría de información especialmente sensible, como religión, origen étnico, opiniones políticas o datos biométricos. Según la sentencia, la protección de la seguridad nacional y la prevención de infiltraciones de organizaciones terroristas justifican la medida. El texto subraya que el procedimiento de registro cumple con los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad.
Condiciones adicionales y polémica
El nuevo sistema de registro incorpora otros requisitos polémicos para la inscripción de ONG ante las autoridades israelíes, que actúan como poder ocupante en Gaza y Cisjordania. Entre estos motivos destaca la posibilidad de denegar la autorización a organizaciones que nieguen la existencia de Israel como Estado judío y democrático, o que promuevan campañas de deslegitimación contra Israel.
Reacciones de las ONG y consecuencias humanitarias
Las organizaciones afectadas han advertido sobre el grave impacto que supone su retirada, especialmente en la Franja de Gaza, donde muchas de ellas operan desde hace décadas. Desde la orden de expulsión emitida en diciembre de 2025, la mayoría del personal internacional ya abandonó la zona, dejando a la población palestina en una situación aún más vulnerable tras más de dos años de ofensiva militar israelí.
- Las ONG denuncian que la exigencia de datos puede exponer a sus empleados a represalias o dificultar su labor humanitaria.
- El Gobierno israelí sostiene que la medida es esencial para la seguridad y la lucha contra la infiltración de grupos terroristas.
- No se han presentado pruebas verificables de la implicación de las organizaciones en actividades ilícitas, según han señalado fuentes internacionales.
El futuro de la ayuda humanitaria en Gaza y Cisjordania queda en entredicho tras esta resolución, mientras persiste la tensión entre las necesidades de seguridad del Estado de Israel y la protección de la labor de las organizaciones internacionales en la región.
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