El Tribunal Supremo investiga a un senador del PSOE por proponer a su esposa como jueza de Paz en Cádiz
El Tribunal Supremo ha iniciado una investigación penal contra Alfonso Carlos Moscoso, senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario, en la provincia de Cádiz, por haber propuesto a su esposa como jueza de Paz en el municipio. La esposa del senador, también afiliada al Partido Socialista, está incluida en la causa por presunta prevaricación.
Un proceso bajo escrutinio judicial
La investigación ha recaído en la magistrada Susana Polo, quien será la encargada de instruir la querella presentada por la Fiscalía. El Supremo ha admitido a trámite la denuncia, que no solo implica al senador, protegido por su condición de aforado, sino también a su esposa, ya que los hechos se consideran inseparables.
El auto del Tribunal recuerda que tanto el Reglamento de los jueces de Paz como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución establecen la incompatibilidad de los jueces y magistrados para pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Esta disposición busca salvaguardar la independencia del Poder Judicial en todos sus niveles.
El proceso de nombramiento en Villaluenga del Rosario
Según la información recogida en la querella, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario publicó en noviembre de 2022 un edicto para la elección de juez de Paz. Ningún ciudadano del municipio, que cuenta con 464 habitantes, manifestó interés en el cargo. La esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde 2007, presentó su solicitud como única candidata.
El 30 de marzo de 2023, el pleno municipal aprobó por unanimidad su candidatura y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Sala de Gobierno de este tribunal ratificó el nombramiento el 4 de julio de ese mismo año.
Participación política durante el ejercicio del cargo
Durante su periodo como jueza de Paz, la mujer continuó asistiendo a actos públicos del PSOE, según detalla la Fiscalía en su denuncia. Finalmente, en mayo de 2025, presentó su renuncia al cargo.
Posible delito de prevaricación
El Tribunal Supremo considera que los hechos atribuidos al alcalde podrían encuadrarse dentro del delito de prevaricación. Según el Código Penal, este delito se refiere a la actuación de una autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, propone, nombra o da posesión en un cargo público a una persona sin los requisitos legalmente exigidos.
Asimismo, la ley contempla penas para quien acepte un cargo público sabiendo que no cumple con los requisitos necesarios, lo que podría ser aplicable a la esposa del senador.
Declaraciones y justificaciones
Para la aprobación de su nombramiento, la mujer presentó una declaración jurada en la que aseguraba no tener incompatibilidades para ejercer como jueza de Paz, alegando que su profesión era la de sanitaria.
Garantizar la imparcialidad judicial
El Tribunal Supremo subraya que la instrucción de este tipo de delitos busca preservar la independencia del Poder Judicial, incluso en figuras como los jueces de Paz. El objetivo es evitar cualquier posible sesgo de afinidad política en los nombramientos judiciales, garantizando el funcionamiento del Estado de Derecho recogido en la Constitución.
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