El Supremo deja sin voto a 163.000 españoles y abre un desafío legal sin precedentes

Las dificultades para cumplir la orden del Supremo de dejar sin voto a 163.000 españoles

La reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de 163.020 españoles nacionalizados en virtud de la conocida como “ley de nietos” ha generado una importante controversia en el ámbito político y jurídico. Esta medida, adoptada en el contexto de un adelanto electoral, plantea retos de ejecución inéditos y suscita dudas sobre su encaje legal y su impacto en derechos fundamentales.

Una decisión sin precedentes y compleja de aplicar

El Supremo dictó la suspensión del voto para estos ciudadanos inscritos en el censo electoral a 1 de agosto, con la intención de aportar «certidumbre» al proceso electoral. Sin embargo, la decisión ha provocado el efecto contrario: incertidumbre y dificultades técnicas y jurídicas para su aplicación. Según la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que emitió un voto particular en contra de la mayoría, la medida proyecta dudas sobre todo el procedimiento electoral.

El principal escollo reside en la “imposibilidad material” de revisar los cerca de 170.000 expedientes de nacionalización afectados en el corto plazo que precede a las elecciones. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía solicitaron al Supremo levantar el veto, argumentando que no es viable distinguir, de manera automatizada y en tan poco tiempo, a los nuevos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática (LMD) del resto de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Obstáculos administrativos y tecnológicos

El Gobierno, en sus alegaciones, subrayó la dificultad de identificar de forma precisa a los afectados, ya que los datos del CERA no permiten diferenciar la vía por la que se ha adquirido la nacionalidad. La Dirección General de Asuntos Consulares advirtió que, con las herramientas informáticas actuales, no es posible determinar automáticamente quiénes obtuvieron la nacionalidad bajo la Disposición adicional octava de la LMD.

Además, el Registro de Matrícula Consular tampoco ofrece esta información, lo que obligaría a una comprobación manual y caso por caso. El proceso de adaptación informática necesario se encuentra en desarrollo, pero no estará listo en el tiempo requerido para las próximas elecciones.

Excepciones y nuevas complicaciones

La Sala Tercera del Supremo estableció una excepción: la suspensión no se aplicará a quienes los consulados expidan, bajo responsabilidad, una certificación que acredite que, a 1 de agosto, accedieron a la nacionalidad por ser descendientes de represaliados por motivos políticos, ideológicos o relacionados con la orientación sexual, tal como exige la ley original. No obstante, este procedimiento añade aún más complejidad, ya que requiere identificar de manera individual a los beneficiarios y verificar si cumplen los requisitos para dicha certificación.

La expedición de estas certificaciones tampoco garantiza que la información llegue a tiempo a la Oficina del Censo Electoral o a las juntas electorales, por lo que podría haber discrepancias entre la situación real de los electores y los datos manejados por las autoridades en pleno proceso electoral.

El factor tiempo: un reto insalvable

Las fechas clave del calendario electoral agravan aún más la problemática. El envío de la documentación electoral debe producirse entre el 24 y el 30 de octubre, y el plazo para solicitar la rectificación del censo concluye el 23 de octubre. Es prácticamente imposible que las comprobaciones y certificaciones necesarias estén completadas antes de estos plazos.

Expertos en Derecho, como el catedrático Carlos Amoedo y el profesor Joaquín Urías, consideran inviable que los afectados puedan revertir la suspensión y ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. El procedimiento para recurrir, ya sea mediante recurso contencioso-administrativo o de amparo, no solo es extremadamente breve, sino que requiere la intervención de abogados y procuradores, lo que añade costes y retrasa aún más los procesos.

• El plazo para reclamar la rectificación del censo termina el 23 de octubre.
• La sentencia sobre los recursos debe dictarse en cinco días, pero esta vía agota la jurisdicción y no permite ulteriores recursos.
• Solicitar asistencia jurídica gratuita puede demorar el proceso más allá de los plazos legales.

Implicaciones legales y constitucionales

El núcleo de la controversia reside en la suspensión de un derecho fundamental, el sufragio, a través de medidas cautelares y sin una base legal específica que lo respalde en este contexto. Según la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), solo se puede privar del derecho de voto a quienes hayan sido condenados por sentencia firme o internados en hospital psiquiátrico por orden judicial, circunstancias que no concurren en este caso.

La situación es aún más singular porque la decisión del Supremo introduce una separación entre la nacionalidad y el derecho al sufragio, cuando la Carta Magna establece que solo los españoles pueden ser titulares de dicho derecho.

El impacto del adelanto electoral

El adelanto electoral ha alterado el contexto en el que se adoptó la medida cautelar. Según la magistrada discrepante, ahora existe un proceso electoral en marcha, con un censo cerrado y plazos legales muy ajustados, lo que transforma las consecuencias de la suspensión cautelar: de una medida preventiva para futuros comicios, pasa a determinar de inmediato quién puede o no votar en unas elecciones ya convocadas.

Controversia sobre la actuación del Supremo

Otra cuestión relevante es que los recursos que originaron la decisión del Supremo no iban formalmente dirigidos contra las inscripciones individuales en el CERA, sino contra una resolución de la Junta Electoral Central, que se declaró incompetente para analizar estas reclamaciones. La magistrada discrepante subraya que no puede darse por supuesta la conexión entre ambos actos, lo que añade un elemento de inseguridad jurídica.

Conclusiones y perspectivas

La suspensión del voto para más de 163.000 españoles nacionalizados ha generado una situación de incertidumbre, tanto desde el punto de vista legal como práctico. Las dificultades técnicas, la falta de tiempo y los cuestionamientos constitucionales hacen que la medida sea de muy difícil aplicación y, para muchos juristas, de dudosa legalidad.

En última instancia, el riesgo es que miles de ciudadanos pierdan irremediablemente la oportunidad de participar en un proceso electoral concreto, lo que podría constituir un daño irreversible a su derecho de sufragio. La polémica está servida y, a escasas semanas de las elecciones, las dudas sobre la legitimidad y la ejecución de la medida siguen sin resolverse.