El Tribunal Supremo decidirá la sede del juicio del ‘caso Montoro’
La Audiencia de Tarragona ha trasladado al Tribunal Supremo la decisión sobre cuál debe ser el órgano judicial competente para instruir la causa que investiga una presunta trama de corrupción vinculada al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El propio Montoro había solicitado el traslado del procedimiento a los juzgados de Madrid, petición que ahora queda en manos del máximo órgano judicial.
Controversia sobre la competencia territorial
En un auto reciente, la Audiencia de Tarragona ha rechazado resolver la cuestión de competencia planteada por varias de las defensas, entre ellas la del exministro. El tribunal considera que la controversia entre los órganos de instrucción de Tarragona y Madrid debe ser resuelta por el órgano inmediato superior, es decir, el Tribunal Supremo.
Las defensas argumentan que tanto la sede social de Equipo Económico —el despacho fundado por Montoro y presuntamente beneficiado en la trama— como la de AFGIM, la asociación que agrupa a las empresas gasistas implicadas, se encuentran en Madrid. Además, señalan que el Ministerio de Hacienda y sus órganos centrales también están ubicados en la capital, donde se presentaron las propuestas legislativas bajo investigación y donde se habrían producido las reuniones clave entre los representantes de las entidades implicadas.
Origen de la causa y vínculos con Tarragona
La conexión del caso con Tarragona, según las defensas, se limita al hecho de que la investigación se inició en esa ciudad a raíz de hallazgos casuales durante la instrucción de otro procedimiento y porque alguna de las empresas bajo pesquisa tiene sede en la provincia catalana.
La causa se abrió en 2018 en el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona y permaneció bajo secreto hasta el año pasado. Actualmente, siguen pendientes varias diligencias y la declaración de los principales investigados, incluido el propio Montoro.
Acusaciones en el caso Montoro
El exministro de Hacienda está siendo investigado por supuestamente favorecer, mediante reformas legislativas, a determinadas empresas del sector gasista a cambio de comisiones que habrían sido abonadas al despacho Equipo Económico. Las defensas insisten en que el grueso de los hechos investigados, así como los actores principales, están radicados en Madrid.
Próximos pasos procesales
- La decisión sobre la competencia territorial recae ahora en el Tribunal Supremo.
- Quedan diligencias por realizar y declaraciones pendientes de los principales investigados.
- La resolución del Supremo marcará el rumbo del proceso judicial y determinará si el caso seguirá en Tarragona o se trasladará a Madrid.
Este procedimiento, seguido de cerca por la opinión pública, podría sentar un precedente sobre la competencia territorial en casos de presunta corrupción que involucran a altos cargos y empresas con sede en diferentes puntos del país.
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