El Salvador aprueba cadena perpetua para menores en delitos graves

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El Congreso de El Salvador aprueba la cadena perpetua para menores de edad en casos graves

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una controvertida reforma penal que permite imponer la pena de prisión perpetua a menores de edad en casos de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La medida, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha suscitado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional por sus implicaciones legales y éticas.

Nueva legislación para delitos graves cometidos por menores

La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores de edad que cometan delitos tipificados como graves podrán ser sancionados con prisión perpetua. Según el artículo 8 de la nueva normativa, “el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de acuerdo a la legislación penal solo podrá ser sometido a las siguientes medidas y penas: pena de prisión perpetua”.

Asimismo, el artículo 15 enmendado indica que “en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal”. Esto significa que, aunque la condena puede ser revisada periódicamente, la posibilidad de la cadena perpetua queda abierta para menores que sean encontrados culpables de los delitos más graves.

Compatibilidad con estándares internacionales

El texto de la reforma sostiene que la incorporación de la prisión perpetua para menores mantiene la compatibilidad con los estándares constitucionales e internacionales sobre derechos de la niñez, al establecer que la pena deberá ser objeto de revisión obligatoria conforme al Código Penal. De este modo, se garantiza una evaluación periódica de la condena impuesta.

Amplio respaldo oficialista y oposición limitada

La aprobación de la reforma contó con el respaldo de 57 de los 60 diputados que integran la Asamblea Legislativa, todos pertenecientes al partido Nuevas Ideas y sus aliados. Por su parte, el partido minoritario VAMOS votó en contra, mientras que los dos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por abstenerse.

Durante la misma sesión, el Congreso también aprobó modificaciones al Código Procesal Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Estas reformas buscan armonizar la legislación existente con la nueva redacción de la Constitución, que ahora habilita la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y delitos asociados a organizaciones terroristas.

  • La reforma constitucional prohíbe la prisión por deudas, así como penas infamantes, proscriptivas y todo tipo de tormentos.
  • La cadena perpetua solo podrá aplicarse a homicidas, violadores y terroristas, de acuerdo con la nueva disposición.
  • La enmienda entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Contexto y controversia

Este cambio legislativo se produce una semana después de la aprobación de una reforma constitucional que permite la adopción de modificaciones de manera expedita dentro de una misma legislatura. La iniciativa ha generado preocupación entre sectores nacionales e internacionales, que advierten sobre el riesgo de que se vulneren los derechos de los menores y se incumplan obligaciones internacionales en materia de protección a la infancia.

El Gobierno y los legisladores oficialistas argumentan que la medida es una respuesta necesaria ante la gravedad de ciertos delitos y el deseo de combatir la impunidad, especialmente en un contexto de lucha intensificada contra las pandillas y el crimen organizado en el país.

Perspectivas y próximos pasos

Con la ratificación de estas reformas, El Salvador se suma al reducido grupo de países que contemplan la cadena perpetua para menores de edad en su legislación. La entrada en vigor de las nuevas disposiciones está prevista para ocho días después de su publicación oficial, marcando así un antes y un después en la política criminal salvadoreña.

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