El PSOE critica a Ayuso por el nombramiento de expresidentes del PP en la Comisión Jurídica Asesora
La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha cuestionado recientemente la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de incorporar a los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Según Sánchez Acera, estos nombramientos suponen un “pago” para que los exdirigentes populares respalden a Ayuso en la polémica defensa de la adquisición de un ático en Chamberí por parte de Planifica Madrid.
Nombramientos bajo la lupa
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 22 de julio la incorporación de Aguirre, Gallardón y Cifuentes a este órgano consultivo encargado de emitir dictámenes jurídicos relevantes para la administración autonómica y otras entidades públicas. Aunque la función de la Comisión es meramente consultiva, sus decisiones influyen en la toma de decisiones de la administración regional.
El PSOE-M considera que estos nombramientos buscan asegurar el apoyo de los exdirigentes del Partido Popular en la defensa institucional de la presidenta Ayuso, especialmente en asuntos controvertidos como la compra del citado inmueble en el Paseo General Martínez Campos.
Retribuciones y polémica por las dietas
Según ha informado el diario El País, los expresidentes recibirán una dieta de hasta 750 euros por cada asistencia a la Comisión Jurídica Asesora. En 2025, este órgano se reunió en 45 ocasiones, lo que supondría una retribución total de 33.750 euros por asistencia completa a todas las sesiones.
Desde el PSOE-M, Sánchez Acera ha denunciado que estos pagos provienen de los presupuestos públicos, y ha calificado la medida de “vergonzosa”, considerando que se trata de una “paguita” para quienes previamente cerraron el Consejo Consultivo. Además, ha resaltado la ironía de que estos expresidentes reciban ahora compensaciones que antes suprimieron.
Respuesta de la Comunidad de Madrid
Fuentes de la Consejería de Presidencia han matizado que los 750 euros representan la cuantía máxima a percibir, y que el importe final depende de la asistencia efectiva a los plenos y de otras condiciones específicas. La cifra, por tanto, no es fija y puede variar en función de la participación real de cada miembro.
El nombramiento de los expresidentes se ampara en el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante el Decreto 59/2025. Esta normativa permite que quienes hayan ejercido la presidencia de la Comunidad durante al menos dos años puedan ser designados como vocales electivos en la mencionada comisión tras su cese.
Compensaciones y beneficios regulados
- Compensación económica: Los expresidentes pueden recibir hasta el 80% de su retribución durante un máximo de 24 meses tras su cese.
- Indemnización por labores consultivas: Tienen derecho a una indemnización de 750 euros por cada participación en la Comisión Jurídica Asesora.
- Recursos personales y materiales: Durante los dos años posteriores a dejar el cargo, los exmandatarios pueden disponer de medios personales y materiales de asistencia.
La regulación busca homologar los derechos de los expresidentes madrileños a los del Estado y otras comunidades autónomas, pero desde la oposición se cuestiona el uso de fondos públicos para estos fines, especialmente en el contexto de decisiones políticas controvertidas.
Debate político y repercusiones
El PSOE de Madrid ha reiterado sus críticas a través de la red social ‘X’, insistiendo en que la presidenta Ayuso premia a los exdirigentes populares con dinero público para garantizar respaldo en cuestiones polémicas. La controversia pone de manifiesto la tensión política en torno al uso de recursos públicos y la gestión de altos cargos tras abandonar sus responsabilidades ejecutivas.
La polémica sobre los nombramientos y las retribuciones asociadas a la Comisión Jurídica Asesora continúa alimentando el debate político en la Comunidad de Madrid, mientras las formaciones políticas mantienen posiciones encontradas sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en la administración regional.
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