El PP refuerza su estrategia legal sumando a Baker & McKenzie contra el PSOE

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El Partido Popular (PP) ha intensificado su estrategia legal en las causas que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mediante la colaboración con el prestigioso bufete internacional Baker & McKenzie. Este movimiento quedó evidenciado el pasado 14 de julio, cuando la abogada Carla Carballal, miembro de dicho despacho, representó al PP en la toma de declaración de una de las investigadas en el conocido como caso Leire, en la Audiencia Nacional.

Un cambio visible en la representación jurídica

La presencia de Carla Carballal en sustitución de Alberto Durán, director del equipo jurídico del PP, no pasó desapercibida en los círculos jurídicos. Este hecho pone de manifiesto que la relación entre el PP y Baker & McKenzie va más allá del asesoramiento legal, ampliándose a la representación formal ante los tribunales en procedimientos que involucran al Gobierno y al PSOE, donde el Partido Popular ejerce la acusación popular.

Una relación consolidada desde 2013

El vínculo entre el PP y Baker & McKenzie se remonta a 2013, tras la incorporación de Jesús Santos, ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional, al despacho como socio director del área de litigación criminal. Desde entonces, la firma ha asesorado jurídicamente al partido, aunque hasta ahora sus abogados no habían intervenido de manera tan visible en causas mediáticas.

Costes y detalles de la colaboración

Según fuentes cercanas al PP, la factura mensual que el bufete internacional cobra al partido asciende a unos 30.000 euros. Ni el PP ni Baker & McKenzie han confirmado oficialmente esta cifra ni han detallado los términos de su acuerdo contractual, manteniendo la discreción sobre los aspectos económicos de la relación.

Trayectoria de Baker & McKenzie en grandes casos

Jesús Santos ha sido una figura clave en la defensa de importantes personalidades y entidades en España, incluyendo al expresidente del BBVA Francisco González en el caso Villarejo, al empresario ruso Mijaíl Fridman y al exfutbolista Cristiano Ronaldo. Asimismo, ha representado al PP en procesos de corrupción relevantes como las derivaciones del caso Gürtel, el caso Palma Arena o el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. Aunque ha cosechado numerosos éxitos, no pudo evitar que la Audiencia Nacional declarara al PP responsable a título lucrativo por la reforma con fondos opacos de la sede central del partido en la calle Génova.

Tensiones y reorganización interna

La condena de octubre de 2021, ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2024, supuso un distanciamiento entre Jesús Santos y la cúpula del PP, especialmente tras la presentación y posterior retirada de un recurso de casación relacionado con el extesorero Luis Bárcenas. Este episodio coincidió con los cambios internos que llevaron a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Actualmente, la interlocución principal entre el PP y Baker & McKenzie la mantiene María Massó, otra socia destacada del despacho, quien mantiene contacto directo con la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y con el propio Feijóo.

Participación en causas de alto perfil

El despacho de abogados ha participado en casos de gran repercusión, como la breve investigación a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y su esposo Ignacio López del Hierro en el caso Kitchen, en el que ambos finalmente quedaron fuera del proceso judicial.

La estrategia jurídica del PP bajo la dirección de Alberto Durán

Alberto Durán, director de la asesoría jurídica del PP, continúa liderando la representación legal del partido en los casos más mediáticos relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo el caso del hermano del presidente, el caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos, y el caso Leire. Además, Durán dirige la acusación popular en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El juez instructor, José Luis Calama, ha destacado la relevancia institucional del PP y su capacidad de representar el interés general en el proceso penal, lo que ha reforzado su papel en este tipo de procedimientos.

  • El PP se apoya en Baker & McKenzie para fortalecer su presencia judicial en causas contra el PSOE.
  • El bufete internacional asume tanto funciones de asesoramiento como de representación ante los tribunales.
  • El coste mensual de los servicios jurídicos ronda los 30.000 euros, según fuentes próximas al partido.
  • La colaboración ha supuesto cambios en la interlocución y en la estrategia legal del partido.

Con la incorporación activa de Baker & McKenzie, el Partido Popular refuerza su ofensiva judicial en casos de alto impacto político, marcando una nueva etapa en su estrategia legal y en la representación de sus intereses ante los tribunales españoles.

Nota:

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