El PP intensifica el enfrentamiento institucional con el Gobierno por la crisis de menores en Ceuta y la comparecencia de ministros
La gestión de los menores migrantes llegados a Ceuta tras el salto de la valla del pasado 30 de julio ha desencadenado un nuevo choque entre el Partido Popular (PP) y el Gobierno central. El debate se ha trasladado tanto al ámbito de la política migratoria como a la dinámica institucional entre ambos poderes, especialmente en lo referente a la acogida de menores y la rendición de cuentas de los ministros implicados en la crisis.
Conferencia Sectorial: posturas enfrentadas sobre la acogida de menores
El próximo jueves se celebrará una reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se abordará el futuro de los aproximadamente 1.400 menores que, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han accedido de forma irregular a Ceuta. El vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha adelantado que su partido acudirá «a escuchar» las propuestas del Gobierno en este encuentro técnico, así como en la Conferencia prevista para finales de agosto.
La posición del PP, reiterada por su presidente Alberto Núñez Feijóo, es clara: aboga por la devolución de todos los menores a Marruecos, considerando que “lo lógico y lo pertinente es devolver a todos los menores”, según declaró en una reciente entrevista. Feijóo insiste en que el Ejecutivo no debe responsabilizar a las comunidades autónomas de lo que define como “las consecuencias de un ataque a la soberanía y a la integridad territorial”.
Por su parte, el Gobierno central, a través de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende la reagrupación familiar siempre que sea posible y seguro para los menores. Además, recuerda que la Ley de Extranjería establece la obligación de las comunidades autónomas de acoger a menores en situaciones de sobresaturación, como la que actualmente vive Ceuta.
Diferencias y similitudes con Vox en la gestión autonómica
El rechazo a la acogida de menores migrantes ha sido plasmado en los acuerdos de gobierno que el PP mantiene con Vox en comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Sin embargo, mientras Vox rechaza de plano cualquier acogida, el PP mantiene una posición ambigua: rechaza que las autonomías asuman la acogida, pero afirma que cumplirá la ley vigente.
En la reunión sectorial de este jueves, Aragón, Castilla y León y Extremadura —donde gobiernan PP y Vox— ya han anunciado que no asistirán. En estas regiones, las competencias migratorias recaen en consejerías gestionadas por la formación de extrema derecha, que ha decidido ausentarse. Desde el PP de Aragón manifiestan su respeto a la decisión de su socio, pero critican la “poca eficacia” de estas conferencias, que, según su visión, solo han servido para “repartos de menores discriminatorios”.
La Junta de Castilla y León ha ido más allá y ha anunciado que impugnará “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”, argumentando que es la única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor.
El marco legal y la posible colisión con la ley de extranjería
La Ley de Extranjería establece que, en situaciones de “contingencia migratoria extraordinaria”, las comunidades autónomas están obligadas a colaborar en la acogida de menores, independientemente de su presencia o no en las conferencias sectoriales. Esto podría suponer un conflicto legal en aquellas comunidades donde los acuerdos de gobierno con Vox rechazan expresamente la acogida de menores migrantes, ya que la normativa estatal prevalece.
Discrepancias institucionales por la comparecencia de ministros
El enfrentamiento entre PP y Gobierno se extiende al ámbito institucional. El PP solicitó la comparecencia en el Senado de los ministros del Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Exteriores (José Manuel Albares) para que rindieran cuentas sobre la crisis de Ceuta. El Ejecutivo rechazó la petición alegando falta de tiempo para la preparación y la duplicidad de comparecencias, ya que los mismos ministros —junto al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños— han solicitado comparecer en el Congreso a finales de agosto.
Desde el PP se argumenta que el artículo 66.2 de la Constitución no distingue entre las dos cámaras para el control al Gobierno, por lo que consideran que el Ejecutivo está vulnerando la Carta Magna. En cambio, el PSOE sostiene que, existiendo duplicidad, corresponde al Congreso sustanciar las comparecencias, dado que es la cámara que otorga la confianza al presidente.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este punto es limitada. La sentencia 124/2018 subrayó la obligación de un ministro de comparecer cuando es citado por la cámara, pero no establece directrices claras sobre cómo proceder en caso de duplicidad de solicitudes entre el Congreso y el Senado.
Perspectivas y próximos pasos
La gestión de los menores migrantes en Ceuta sigue siendo objeto de fuerte controversia política e institucional. Mientras el Gobierno central busca una redistribución coordinada y legalmente obligatoria entre las comunidades, el PP y sus socios de Vox mantienen su rechazo frontal o, en el mejor de los casos, una posición ambigua respecto a la acogida.
En las próximas semanas, la Conferencia Sectorial y las comparecencias parlamentarias marcarán el devenir de esta crisis, en la que se entrelazan cuestiones humanitarias, legales y políticas de gran calado para el futuro de la gestión migratoria en España.
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