Togas contra el Gobierno: el corporativismo judicial frente a los ataques sin consecuencias
Durante la apertura del año judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, hizo un llamado al «respeto» y a la «lealtad institucional» hacia el Ejecutivo. Sin embargo, al referirse al comportamiento de ciertos jueces cuyas críticas han estado dirigidas al Gobierno, su mensaje se limitó a apelar a la «mesura», evitando cualquier mención a sanciones o medidas disciplinarias contundentes.
Esta situación ha reavivado el debate sobre el corporativismo judicial en España, especialmente ante una serie de casos en los que comentarios y actuaciones de jueces contra el Gobierno y figuras políticas de perfil progresista han quedado sin consecuencias disciplinarias. El análisis de los diez ejemplos más mediáticos demuestra la dificultad del CGPJ y otros órganos de control para actuar frente a comportamientos que, en otros ámbitos, podrían acarrear sanciones.
Del archivo de expedientes a la falta de sanciones
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido uno de los principales denunciantes de este fenómeno. En su recurso contra la decisión del CGPJ de archivar las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, Bolaños señaló que las «irregularidades denunciadas» han dañado gravemente la imagen de la Justicia. Pese a ello, el órgano de gobierno de los jueces ha sido incapaz de corregir la situación, ya sea por conservadurismo o por un marcado corporativismo.
Bolaños busca agotar la vía administrativa para llevar el caso al Tribunal Supremo, convencido de que la Sala Tercera hará «el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura».
Ejemplos de impunidad: comentarios y actuaciones polémicas
- Juan Carlos Peinado: El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha protagonizado polémicas comparaciones entre el actual gobierno y el reinado absolutista de Fernando VII, ha insistido en referirse a Begoña Gómez como «esposa de» y ha sugerido que los escoltas oficiales podrían ayudarla a huir del país. De las seis investigaciones abiertas contra él, solo dos faltas leves fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el resto fue archivado.
- Eloy Velasco: En una conferencia en 2024, el magistrado de la Audiencia Nacional se refirió a Irene Montero como «cajera de Mercadona» al criticar la ley del solo sí es sí. Aunque se propuso sancionarlo por una falta grave, la Comisión Disciplinaria, de mayoría conservadora, archivó el expediente.
- Manuel Ruiz de Lara: Llamó «Barbigoña» a Begoña Gómez y acusó a Pedro Sánchez de «golpismo» en redes sociales. Tampoco recibió sanción, a pesar de la propuesta del promotor disciplinario.
- Antonio Narváez: El exmagistrado del Tribunal Constitucional expresó su deseo de que el líder del PP ganara las elecciones y alertó sobre pactos con «filoetarras». No se abrió expediente al tratarse de declaraciones realizadas cuando era fiscal, aunque contravenían el Código Ético del Ministerio Público.
- Protestas judiciales contra la ley de amnistía: En 2023, jueces y otros juristas participaron en concentraciones contra la ley de amnistía, incluso antes de la presentación formal de la norma. La Comisión de Ética Judicial avaló estas protestas y el CGPJ, con mayoría conservadora, emitió una declaración institucional en contra de la ley.
- José Luis Concepción: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sorteado varios expedientes abiertos por sus declaraciones contra el Gobierno y Unidas Podemos. Comparó al PCE con el partido nazi y acusó al Ejecutivo de usar la pandemia con fines ajenos a la salud pública. El CGPJ consideró sus palabras como opiniones amparadas por la libertad de expresión.
- José Luis Requero: Magistrado del Supremo, en artículos de opinión cuestionó la formación académica de miembros del Gobierno y se refirió a Pedro Sánchez como «doctor cum fraude». No se abrió expediente por falta de denuncias formales.
- Juez del caso Juana Rivas: A través de Facebook, calificó de «comunismo feminazi» un viaje de Irene Montero y tildó de «ladrones y corruptos» a ex presidentes socialistas. El CGPJ archivó la queja al considerar que, al no invocar su condición de juez, actuaba como ciudadano particular.
- Joaquín Aguirre: Grabaciones filtradas en 2024 revelaron comentarios despectivos contra el Gobierno y amenazas veladas. El juez se jubiló poco después y no fue investigado, ni por el CGPJ ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
- Lorenzo Pérez San Francisco: Bajo pseudónimo, publicó en 2017 un poema machista contra Irene Montero. Aunque la primera instancia judicial lo condenó, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo acabaron desestimando la demanda de la dirigente política.
La falta de consecuencias y el debate sobre el corporativismo judicial
Estos casos reflejan un patrón de impunidad ante comentarios y actuaciones de jueces que trascienden la crítica legítima y afectan la reputación de instituciones y personas. El CGPJ, en la mayoría de los casos, ha optado por archivar expedientes, argumentando la libertad de expresión o la ausencia de denuncias formales, mientras que la mayoría conservadora en el órgano de gobierno ha bloqueado propuestas de sanción incluso ante faltas graves.
El debate sobre el corporativismo judicial se intensifica cada vez que se producen estos episodios, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de responsabilidad y de proteger el prestigio de la judicatura. Sin embargo, la ausencia de consecuencias disciplinarias efectivas sigue alimentando la percepción de que el Poder Judicial es reacio a sancionar a sus propios miembros, incluso frente a actuaciones que dañan la imagen de la Justicia y el equilibrio institucional.
Conclusión
La reiteración de ataques sin respuesta disciplinaria refuerza las críticas sobre la falta de mecanismos eficaces de control interno en la judicatura española. La confrontación entre poderes del Estado y la ausencia de sanciones ante conductas reprochables contribuyen a un clima de desconfianza en la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
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