El ‘lawfare’ se afianza como amenaza clave para la democracia española

El ‘lawfare’: Un desafío creciente para la democracia en España

El fenómeno conocido como lawfare, o guerra judicial, se consolida como una de las principales amenazas para la salud democrática en España. Así lo pusieron de manifiesto los expertos reunidos en el debate “Lawfare: los jueces toman partido”, organizado por el diario Público y la Fundación Primero de Mayo en el Ateneo de Madrid. La cita, celebrada el pasado miércoles, reunió a especialistas en derecho y política para analizar la evolución y el impacto del lawfare en el sistema judicial y político español.

¿Existe el lawfare en España?

La jornada arrancó con una cuestión directa: ¿es real el lawfare en nuestro país? Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencias Políticas, reconoció la dificultad de objetivar este fenómeno, aunque señaló una serie de indicadores que permiten identificarlo. Entre ellos, destacó la coordinación entre medios de comunicación y procedimientos judiciales, la acumulación de denuncias contra objetivos políticos concretos y la manipulación de los tiempos procesales para aumentar el desgaste de los afectados.

Un ejemplo citado fue la instrucción dirigida por el juez Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sánchez-Cuenca también subrayó el doble rasero en la persecución de presuntas irregularidades según el color político de los implicados, comparando casos recientes en la Moncloa durante gobiernos de distinto signo.

Un problema estructural en la judicatura

María Eugenia Rodríguez-Palop, profesora de Filosofía del Derecho, fue más allá, cuestionando si España padece un problema estructural en su poder judicial y si este se ha convertido en un actor político. Su respuesta fue afirmativa, apuntando como causas el corporativismo jurídico, el modo de acceso a la carrera judicial, la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la connivencia mediática. Rodríguez-Palop advirtió sobre el riesgo de una deriva autocrática si no se abordan estos problemas de raíz.

• Cultura jurídica corporativa
• Falta de pluralidad en el acceso a la judicatura
• Complicidad de determinados medios de comunicación
• Normalización de las fake news judicializadas

La profesora también identificó la existencia de una “expertocracia corrupta”, formada por quienes justifican o minimizan los casos de lawfare, otorgándoles apariencia de normalidad.

La tentación política del poder judicial

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, recordó que la interferencia judicial en la vida política no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de España. Abogó por la necesidad de autorrestricción en la magistratura para evitar extralimitarse en la toma de decisiones que corresponden al ámbito político.

Martín Pallín diferenció entre lawfare de primer y segundo grado: el primero, cuando se intenta sustituir directamente al Gobierno; el segundo, cuando se busca influir en los asuntos políticos sin asumir el control directo.

Casos paradigmáticos de lawfare en España

Durante el debate, los ponentes coincidieron en señalar varios casos recientes como ejemplos claros de lawfare. Entre ellos, destacaron las actuaciones judiciales contra los independentistas catalanes durante el procés, la condena y registro de la Fiscalía General del Estado bajo Álvaro García Ortiz, y la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.

Sánchez-Cuenca rememoró que el lawfare se aplicó inicialmente contra independentistas vascos y, más tarde, contra los catalanes, en un contexto menos violento pero con mayor respaldo mediático y político. A raíz de estos hechos, se abrió la puerta a nuevas persecuciones judiciales a miembros de Podemos y al entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Judicatura conservadora: causas y consecuencias

Los expertos también reflexionaron sobre las causas de la marcada orientación conservadora de la judicatura española. Apuntaron al papel de asociaciones como la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, así como a los mecanismos de acceso a la carrera judicial.

• El 97% de los jueces con plaza han contado con apoyo económico familiar para preparar la oposición.
• Predominio de asociaciones judiciales conservadoras.
• Incumplimiento de la cuota legal para el llamado “cuarto turno” de acceso alternativo a la judicatura.

El sistema de acceso, según Martín Pallín, resulta una “aberración” por basarse en la repetición memorística, poco útil para el ejercicio judicial. Sánchez-Cuenca, por su parte, advirtió que el problema ya no es solo ideológico, sino de pérdida de autocontención: “Lo que ha cambiado es que ahora no encuentran barreras que antes los contenían”, concluyó.

¿Es posible revertir el lawfare?

Pese a la gravedad del diagnóstico, los ponentes mostraron cierto pesimismo sobre la capacidad de transformar el sistema a corto plazo. Martín Pallín enfatizó que no cabe esperar cambios radicales de la noche a la mañana. Rodríguez-Palop recalcó la necesidad de medidas preventivas en el acceso y control de la judicatura, ya que una vez que un juez aplica las normas con sesgo ideológico, resulta difícil corregir el rumbo. Sánchez-Cuenca ilustró la opacidad del sistema señalando que en las últimas décadas apenas una decena de jueces han sido expulsados por prevaricación.

Lawfare: un fenómeno transversal y de clase

El presidente de la Fundación Primero de Mayo, Fernando Lezcano, recordó que el lawfare no solo afecta a la política, sino también al ámbito laboral y sindical, como parte de una estrategia de “guerra híbrida” que combina frentes mediático, económico, político y judicial para proteger los intereses de los sectores más privilegiados.

Manuel Rico, director de Público, insistió en que la derecha plantea una batalla en tres frentes –judicial, mediático y político–, siendo el judicial el más relevante por su capacidad de condicionar el resto.

Conclusión

El debate sobre el lawfare en España pone de relieve la urgencia de abordar reformas profundas en el poder judicial y en su relación con los medios y la política. La persistencia de este fenómeno supone un verdadero “agujero negro” para la democracia, donde la instrumentalización de la justicia amenaza con socavar los principios del Estado de derecho y la igualdad ante la ley.