El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas bancarias del novio de Ayuso por su vínculo con Quirón
El magistrado Antonio Viejo ha concedido finalmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a 16 cuentas bancarias pertenecientes a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta medida, solicitada hace seis meses, se enmarca en una investigación sobre una presunta comisión ilícita relacionada con el Grupo Quirón.
Investigación sobre presunto soborno
La autorización judicial llega tras una prolongada espera desde que la UCO solicitó la intervención para rastrear el patrimonio de González Amador. La investigación, incluida en una pieza separada, se centra en un supuesto pago irregular al directivo Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, filial del Grupo Quirón.
El juez Viejo, en su auto, permite a la UCO requerir a varias entidades bancarias la información detallada sobre movimientos y saldos de las cuentas vinculadas a González Amador, abarcando desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha en que se ejecute la diligencia. Esta información deberá ser entregada de manera directa y confidencial a la Unidad de Policía Judicial.
Detalles de la operación investigada
Según el auto judicial, las diligencias realizadas hasta la fecha indican de forma provisional la existencia de una operación en la que la empresa ‘Círculo de Belleza, S.L.’, propiedad de la esposa de Camino Maculet, habría sido adquirida por González Amador por 500.000 euros. El juez apunta que la finalidad real de esta transacción podría haber sido el pago de una comisión al directivo de Quirón Prevención, aprovechando la relación comercial mantenida entre ambas partes.
Origen y alcance de la investigación
La investigación arrancó formalmente el 27 de junio de 2025, cuando la anterior jueza instructora, Inmaculada Iglesias, ordenó la intervención de la UCO a petición de la acusación particular —representada por el PSOE y Más Madrid— y la Fiscalía. El juzgado determinó que se debía analizar:
- La información bancaria de los implicados desde 2014 hasta la actualidad.
- La información tributaria de todas las personas y empresas involucradas, para identificar posibles movimientos de fondos.
- Los registros pertinentes de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La resolución judicial busca esclarecer si existieron pagos irregulares y el destino de los fondos involucrados en la operación con la filial de Quirón. Se espera que, tras la recopilación de la información bancaria y fiscal, la UCO pueda determinar el alcance real de las posibles irregularidades.
Próximos pasos
Con la autorización recientemente concedida, la UCO podrá proceder a la recopilación y análisis de los movimientos financieros de González Amador. Esta labor será fundamental para determinar si existió realmente una comisión ilícita y esclarecer las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación.
Se prevé que, en las próximas semanas, se amplíe la información sobre el avance de las pesquisas judiciales en torno al caso.
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