Finaliza la controvertida instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado una de las investigaciones judiciales más polémicas de los últimos años en España, justo cuando se aproxima su jubilación, prevista para el 27 de septiembre, a los 72 años. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, quienes se sentarán en el banquillo acusadas de delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Un proceso marcado por numerosas correcciones y polémicas
La instrucción del caso ha estado marcada por constantes rectificaciones por parte de instancias judiciales superiores. En total, Peinado ha recibido alrededor de quince correcciones de sus superiores, una cifra poco habitual que pone en cuestión el desarrollo del procedimiento. Desde el Palacio de la Moncloa, se ha calificado la instrucción como “arbitraria e injusta”, sugiriendo que responde a una persecución judicial motivada por la relación de Gómez con el presidente del Ejecutivo.
El proceso se inició en abril de 2024, tras una denuncia del colectivo Manos Limpias, y ha estado plagado de decisiones controvertidas. Entre ellas, destacan dos traslados al Palacio de la Moncloa para tomar declaración presencial al presidente Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños, negándose el juez a aceptar declaraciones por escrito, pese a que la ley lo permite. Además, Peinado solicitó condiciones poco habituales, como el uso de una tarima para situar su mesa por encima de la de Bolaños y cambios en la distribución de la sala.
Intentos fallidos de imputación y lapsus notables
Uno de los episodios más criticados fue el intento de imputar al ministro Bolaños por supuestos delitos de malversación y falso testimonio, basándose en argumentos posteriormente desmontados por el Tribunal Supremo, que rechazó la solicitud al no encontrar indicios probatorios suficientes. Además, el auto contenía errores de bulto, como dar por fallecida erróneamente a Begoña Gómez, y emplear calificativos inusuales, como describir la actitud del ministro como “totalmente proterva”.
Durante la instrucción, otras personas pasaron de la condición de testigos a investigados tras sus declaraciones, en algunos casos en plazos muy breves. Esta práctica ha sido criticada por afectar a las garantías procesales, ya que los testigos están obligados a decir verdad, mientras que los investigados pueden acogerse a su derecho de defensa.
Decisiones judiciales anuladas y críticas de la Audiencia de Madrid
A lo largo del proceso, la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado varias medidas adoptadas por Peinado. Entre ellas, la anulación de registros y el clonado de dispositivos electrónicos por considerarse vulneración injustificada de la intimidad. También se corrigió la inclusión de delitos que finalmente no prosperaron, como la apropiación indebida de marca y corrupción en los negocios, y se revocaron restricciones impuestas a Gómez, como la entrega del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
En varias resoluciones, la Audiencia ha reprochado la falta de fundamentación de las decisiones del juez, instándole a realizar una verificación mínima de las imputaciones antes de avanzar en el procedimiento. Incluso se le ha recordado que no es propio de un Estado de Derecho asumir sin crítica las diligencias del instructor basadas únicamente en su autoridad.
El factor político y las acusaciones populares
El caso ha estado rodeado de una fuerte presión mediática y política. Diversas asociaciones y partidos de ideología ultraconservadora, como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír, han intentado ampliar la causa, especialmente en relación al rescate público de Air Europa, aunque la Audiencia ha frenado en varias ocasiones estos intentos. Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rechazó reabrir investigaciones por falta de nuevos indicios.
A pesar de que la Fiscalía no aprecia indicios de delito, el juez sostiene la existencia de posibles delitos de tráfico de influencias y malversación por parte de Begoña Gómez, vinculados tanto al uso de una empleada pública para fines privados como al desvío de software desarrollado en una cátedra universitaria. Respecto a Cristina Álvarez, la acusación se limita al presunto desvío del software.
Próximos pasos: Juicio con jurado popular
Con la instrucción cerrada, la causa queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá fijar fecha para el juicio oral, que se celebrará ante un jurado popular. Mientras las defensas y la Fiscalía solicitan la absolución de las acusadas, la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, pide penas de hasta 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis años para Cristina Álvarez.
Un legado judicial polémico
El cierre de la instrucción pone fin a la trayectoria judicial de Juan Carlos Peinado, quien abandona la judicatura sin sanciones disciplinarias, a pesar de haber afrontado investigaciones internas y varias quejas formales. Su paso por este caso quedará marcado por el elevado número de correcciones y la controversia generada en torno a la independencia y el rigor de la investigación.
- El procedimiento ha sido objeto de críticas constantes por parte de los órganos superiores y de los propios afectados.
- El desarrollo de la causa ha evidenciado tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo.
- El juicio oral, con jurado popular, será clave para determinar la responsabilidad o inocencia de las acusadas.
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