El Juzgado amplía la investigación por prevaricación a dos ex altos cargos de Ayuso en el ‘caso residencias’
El Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe ha decidido ampliar la investigación contra dos ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por un posible delito de prevaricación en el conocido como ‘caso residencias’. Ambos ya estaban imputados por la presunta denegación discriminatoria de la prestación sanitaria durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, y ahora la investigación se extiende por las órdenes que habrían dado al Hospital de Getafe y a la residencia Los Ángeles, donde vivía la madre de la denunciante.
Decisión judicial tras la ampliación de la denuncia
El auto judicial responde parcialmente a la solicitud presentada por el PSOE, que ejerce la acusación popular en este procedimiento. El partido solicitó ampliar la denuncia para incluir el delito de prevaricación por la supuesta elaboración y aplicación del denominado ‘Protocolo de la vergüenza’, que restringió el traslado de personas mayores desde residencias a hospitales durante los primeros meses de la pandemia, en marzo y abril de 2020.
La resolución judicial ordena investigar específicamente la posible prevaricación en relación a las órdenes transmitidas desde la administración autonómica al Hospital de Getafe y la residencia Los Ángeles, así como la implicación de Martínez Peromingo en estos hechos. Sin embargo, el Juzgado ha rechazado ampliar la investigación a otros supuestos o responsables, considerando que ello superaría el ámbito del procedimiento abierto en Getafe.
Delimitación de la investigación
- El Juzgado ha descartado llamar a declarar como testigos al consejero y la viceconsejera de Sanidad de la época, Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila.
- También ha denegado la solicitud de acceder al expediente administrativo completo sobre la elaboración del protocolo y a los audios de llamadas de familiares al teléfono de emergencias, que están en poder de la Asamblea de Madrid.
- La investigación se centrará exclusivamente en los hechos relacionados con la residencia Los Ángeles y el Hospital de Getafe.
Declaraciones y comparecencias
El pasado 12 de marzo, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, junto con Pablo Busca, ex responsable del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), estaban citados a declarar ante el Juzgado de Getafe. Solo Martínez Peromingo compareció y ratificó sus anteriores declaraciones, insistiendo en que las residencias no fueron medicalizadas y que tanto él como su equipo mostraron su desacuerdo con el protocolo firmado por Mur y con los criterios empleados para su elaboración.
Pablo Busca, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar argumentando una cuestión de competencia judicial, ya que existe una disputa sobre qué Juzgado debe asumir el caso. Carlos Mur, citado para declarar por videoconferencia, no compareció y su declaración ha sido aplazada al 15 de abril.
El caso de Petra Gadea y la lucha de las familias
La causa fue impulsada por Maite Rodríguez, hija de Petra Gadea, residente de Los Ángeles que falleció en la primera ola de la pandemia tras no recibir atención hospitalaria. Rodríguez relató que su madre, nacida en 1932, pasó por varias residencias de la Comunidad de Madrid, tanto privadas como públicas, sufriendo un progresivo deterioro de su salud. En abril de 2020, cuando contrajo el virus, la familia solicitó su traslado a un hospital, pero se les denegó por aplicación de los protocolos de triaje. Seis días después, Petra falleció sin haber sido trasladada.
El testimonio de Maite Rodríguez la llevó a integrarse en la asociación 7.291: Verdad y Justicia, que agrupa a familiares afectados por la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria. Tras hacer pública su experiencia, Rodríguez denunció haber sido objeto de ataques y campañas de descrédito por parte del entorno del Gobierno regional, lo que considera una estrategia de deshumanización hacia las víctimas y sus familias.
Contexto y repercusiones
El ‘caso residencias’ representa una de las investigaciones más relevantes sobre la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, especialmente por el impacto de los protocolos aplicados en los centros de mayores. Según datos de las asociaciones de familiares, cerca de 7.291 personas fallecieron en residencias madrileñas sin acceso a derivación hospitalaria durante la primera ola de COVID-19.
La ampliación de la investigación a un posible delito de prevaricación supone un nuevo capítulo judicial que podría tener consecuencias políticas y legales para los responsables de la gestión sanitaria en la región.
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