El independentismo celebra el aval del TJUE y exige a los tribunales españoles aplicar la amnistía sin «dilaciones»
El movimiento independentista catalán ha recibido con entusiasmo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que respalda la ley de amnistía aprobada a principios de 2024 en el Congreso de los Diputados. Esta decisión es vista por sus líderes como un paso clave hacia la normalización institucional, política y social en Cataluña, y como un mandato para que los tribunales españoles apliquen la amnistía sin retrasos.
El TJUE avala la ley de amnistía
El fallo del tribunal de Luxemburgo, emitido el 16 de julio de 2026, confirma que la ley de amnistía no contraviene el derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses financieros de la UE ni a la lucha contra el terrorismo. El dictamen sigue la línea del abogado general del TJUE, quien ya se había pronunciado en este sentido en 2015.
Esta resolución allana el camino para que el Tribunal Constitucional español respalde la amnistía y abre la puerta a que figuras como Carles Puigdemont, líder de Junts, y Oriol Junqueras, presidente de ERC, puedan ejercer sus funciones políticas en Cataluña con plena normalidad.
Reacciones inmediatas en Cataluña
La noticia ha sido recibida con euforia en las sedes de los principales partidos independentistas, ERC y Junts, que han reclamado la aplicación inmediata de la ley. Oriol Junqueras, que permanece inhabilitado para ejercer cargos públicos, ha recordado que tanto él como otros líderes políticos deberían haber recuperado sus derechos hace dos años, y ha insistido en que el proceso judicial debería haber finalizado ya.
Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha subrayado que «ya no existen obstáculos democráticos ni constitucionales» para la aplicación de la norma. Illa ha calificado la sentencia como «una muy buena decisión para Cataluña, España y la democracia», y ha instado al Tribunal Supremo a actuar de manera «diligente, integral y sin subterfugios».
Un llamamiento a los tribunales españoles
El independentismo exige que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelvan sin más demoras los casos pendientes relacionados con la ley de amnistía. Muchos de estos procedimientos afectan tanto a cargos institucionales como a activistas y militantes vinculados al referéndum del 1 de octubre y a otras causas abiertas en los últimos años.
- Carles Puigdemont continúa sujeto a una orden de detención en España y no puede ocupar su escaño en el Parlament.
- Oriol Junqueras permanece inhabilitado para ejercer cargos políticos y tampoco puede presentarse como candidato.
- 35 antiguos altos cargos de la Generalitat están procesados por los gastos del 1-O.
- Activistas y militantes enfrentan causas judiciales en la Audiencia Nacional y otros tribunales catalanes.
El debate sobre la malversación y el alcance de la amnistía
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la interpretación de los gastos del referéndum del 1 de octubre. Los jueces Marchena y Llarena, del Tribunal Supremo, han sostenido que estos gastos supusieron un beneficio personal para los implicados, aunque no existiera un enriquecimiento monetario directo, y por tanto, consideraron que este hecho quedaba fuera del ámbito de aplicación de la amnistía.
No obstante, el TJUE ha determinado que los gastos del 1-O no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que debilita la posición de los tribunales españoles que pretendían excluir estos casos de la amnistía.
Próximos pasos y perspectivas
El proceso ahora queda en manos del Tribunal Constitucional, donde se espera que, dada la actual mayoría progresista, se revalide la constitucionalidad de la amnistía. Finalmente, la decisión sobre su aplicación efectiva recaerá en los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena, quienes deberán resolver los últimos obstáculos judiciales.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha pedido al Supremo que no busque más resquicios legales para retrasar la aplicación de la ley, argumentando que «la ley era clara y ahora el tema se ha aclarado». Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado que se ponga fin a lo que considera un «calvario judicial» y que se permita a los líderes independentistas recuperar sus derechos políticos.
Impacto político y social
La sentencia del TJUE supone un respaldo internacional significativo a la ley de amnistía y refuerza la posición de quienes abogan por una resolución política al conflicto catalán. Para el independentismo, es la oportunidad de avanzar hacia la normalización y la plena participación de sus representantes en la vida política catalana, mientras que para el resto de España supone un reto para la justicia en la aplicación efectiva de la norma.
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