El hermano del expresidente valenciano Ximo Puig irá a juicio por estafa y falsedad documental
La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha decidido que Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover deberán enfrentarse a un juicio por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. La decisión se produce tras desestimar los recursos presentados por ambos contra el auto de procesamiento.
Origen de la investigación: ayudas públicas bajo sospecha
La causa se remonta a una querella presentada en marzo de 2019 por el Partido Popular en un juzgado de Valencia. La denuncia señalaba presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la promoción del valenciano durante los años 2015 y 2016.
Las ayudas investigadas fueron otorgadas por la Generalitat a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, ambas vinculadas a Francis Puig, quien figuraba como administrador. El entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, también fue inicialmente incluido en la denuncia.
Ampliación de la querella e implicación de nuevas empresas
En noviembre de 2019, la querella fue ampliada para incorporar a Juan Enrique Adell Bover. Según la acusación, el grupo empresarial de la familia Adell Bover, con sociedades como Canal Maestrat y Kriol, habría colaborado en el supuesto fraude mediante la emisión de facturas presuntamente duplicadas y otras irregularidades administrativas.
Presuntas prácticas irregulares
El auto de procesamiento, ahora confirmado por la Audiencia Provincial, sostiene que los acusados habrían utilizado sociedades instrumentales con domicilios ficticios y emitido facturas falsas por servicios no relacionados con el objeto de las subvenciones, con el fin de obtener fondos públicos de manera indebida.
- Facturación falsa y duplicada.
- Uso de domicilios ficticios en las sociedades implicadas.
- Desvío de ayudas para actividades ajenas a la promoción del valenciano.
Acusaciones y penas solicitadas
Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que actúa como acusación particular, consideran que los hechos podrían constituir delitos de falsedad en documento mercantil, estafa agravada y apropiación indebida. Las mismas acusaciones se extienden a Adell Bover, a quien se le atribuye responsabilidad en las presuntas irregularidades.
En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía reclama para Francis Puig una condena de cuatro años y diez meses de prisión, mientras que la Abogacía de la Generalitat solicita cuatro años. Para Adell Bover, ambas partes piden tres años de cárcel. Además, se han impuesto fianzas de 147.589,29 euros para Francis Puig y de 99.614,33 euros para Adell Bover.
Argumentos de la defensa
Las defensas de los acusados sostienen que el auto de procesamiento no fue emitido por el juez que instruyó la causa, y critican que dicho auto reproduce de manera casi literal el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, cuestionando así la imparcialidad y el rigor del procedimiento.
Próximos pasos judiciales
Con la confirmación del procesamiento por parte de la Audiencia Provincial, el caso avanzará hacia la celebración de un juicio oral en el que se esclarecerán las presuntas responsabilidades penales de los implicados en la gestión de ayudas públicas para la promoción del valenciano.
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