El Gobierno ve en el desahucio de Maricarmen la clave para desbloquear el decreto de vivienda

Moncloa confía en que el desahucio de Maricarmen desbloquee el decreto de vivienda

El Gobierno español espera que el reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, marque un punto de inflexión en las negociaciones sobre el decreto de vivienda y contribuya a superar los vetos cruzados entre partidos como Junts y Podemos, que han impedido hasta ahora su aprobación.

Un contexto político marcado por la parálisis

En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha enfrentado a una notable parálisis política, especialmente tras la crisis de Ceuta. Aunque la normalidad en la ciudad autónoma aún parece lejana, Moncloa ha intentado recuperar la iniciativa abordando temas como la inteligencia artificial, la calidad universitaria y los primeros contactos para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El asunto de la vivienda también se incluyó en la agenda, con la celebración de un acto sobre la empresa pública Casa 47 a principios de septiembre.

El desahucio de Maricarmen y la presión política

El miércoles pasado, cientos de personas se congregaron en Madrid para intentar frenar el desahucio de Maricarmen. La movilización contó con la presencia de diputados de partidos aliados del Gobierno. En el Congreso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió que se habían realizado todos los esfuerzos posibles para evitar el lanzamiento, responsabilizando a los gobiernos madrileños de José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

Desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU, el propio presidente Sánchez se refirió a la situación como una «tragedia social» que podría haberse evitado si el decreto de desahucios, rechazado por PP, Vox y Junts, hubiera sido aprobado en el Congreso. El Gobierno hizo un llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos ante este escenario.

Negociaciones intensificadas tras el desahucio

La presión política aumentó tras el desahucio. Sumar, a través del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, insistió en la urgencia de llevar al Consejo de Ministros el decreto de vivienda, que permanece pendiente desde julio. Por su parte, la portavoz socialista Elma Saiz subrayó el carácter ambicioso y transversal del decreto, aunque evitó comprometer plazos concretos.

El desahucio ha modificado la dinámica de las negociaciones. Fuentes de Moncloa reconocen que el episodio ha sido un catalizador para que los partidos implicados reconsideren sus posiciones, especialmente Junts y Podemos, que habían bloqueado el acuerdo en julio. El Gobierno mantiene que el Partido Popular, dada su postura en materia de vivienda, queda fuera de la ecuación.

Propuestas y escollos en la negociación

• Junts plantea desgravaciones para el alquiler y la compra de vivienda, así como la suspensión de desahucios en caso de que los pisos pertenezcan a fondos de inversión y la prohibición de que estos fondos adquieran más inmuebles.
• Podemos insiste en que no aceptará soluciones parciales y demanda medidas estructurales.

Las negociaciones, lideradas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se están desarrollando de manera cruzada desde el miércoles y podrían prolongarse durante todo el fin de semana. Aunque los partidos mantienen posturas firmes, en Moncloa se percibe una mayor disposición al acuerdo, con el objetivo de que el decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros y reciba el respaldo parlamentario necesario.

Medidas adicionales y retos pendientes

El caso de Maricarmen ha dado lugar a propuestas como la expropiación de la vivienda a la entidad Urbagestión, una opción rechazada por el ala socialista. En paralelo, la empresa ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de incorporar el piso a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para facilitar un alquiler asequible a Maricarmen.

La próxima semana, la agenda del Gobierno no se limitará a la vivienda. El Consejo de Ministros prevé aprobar un nuevo real decreto-ley sobre los efectos económicos de la guerra en Irán, dado que algunas de las medidas vigentes expiran el 1 de octubre. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha mantenido rondas de contactos con diversos sectores para recoger propuestas, aunque aún no se conocen los detalles del plan. Hasta la fecha, las medidas de apoyo económico han supuesto más de 10.000 millones de euros, incluyendo rebajas fiscales a carburantes y electricidad, posteriormente sustituidas por descuentos directos.

Próximos pasos en la hoja de ruta del Gobierno

En las próximas semanas, el Ejecutivo tiene previsto avanzar en la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Actualmente, solo Cataluña y Canarias han respaldado la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que dificulta su aprobación en el Congreso. Tras este paso, se espera la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque el horizonte parlamentario se presenta complicado.

En paralelo, el Gobierno confía en que octubre sea un mes determinante para resolver la crisis migratoria en Ceuta. Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se prevé que todas las personas migrantes que permanecen en espacios públicos de la ciudad autónoma sean trasladadas a centros de acogida durante este mes, y que antes de noviembre se resuelvan todos los expedientes pendientes.

Perspectivas para la política nacional

El desahucio de Maricarmen ha actuado como catalizador para reactivar el debate sobre la vivienda y acelerar las negociaciones políticas. El Gobierno afronta semanas clave en las que deberá gestionar de forma simultánea la crisis migratoria, la situación económica derivada del conflicto en Irán, la financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos. La evolución de estos asuntos será determinante para la estabilidad del Ejecutivo y para la agenda política nacional en los próximos meses.