El Gobierno obliga a comunidades del PP a acoger a cientos de menores tras un año de resistencia

Las comunidades del PP deberán acoger a cientos de menores tras un año de resistencia al reparto

Durante el último año, los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (PP) han desplegado diversas estrategias legales y administrativas para evitar la acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados, a pesar de que la legislación española e internacional impone esta responsabilidad. La situación ha llegado a un punto crítico tras la reciente crisis migratoria en Ceuta y el inminente traslado de más de dos mil menores a la península, en medio de una persistente controversia política y judicial.

Ceuta, epicentro de la crisis migratoria y política

La ciudad autónoma de Ceuta se ha mantenido en el centro del debate desde la entrada masiva de más de 70.000 personas por la costa de El Tarajal, el pasado 30 de julio. La gestión de la crisis, la falta de datos claros y el traslado de menores han sido utilizados por el PP como argumentos para criticar al Gobierno central, al que acusan de abandono institucional y falta de transparencia.

Actualmente, se estima que entre 8.000 y 11.000 personas permanecen en Ceuta, de las cuales 2.168 son menores no acompañados, según las últimas cifras oficiales. El PP ha insistido en la necesidad de devolver a todas las personas que entraron irregularmente, incluidos los menores, una propuesta que choca frontalmente con la legislación nacional e internacional sobre protección de la infancia, tal como establece la Ley de Extranjería y otras normativas específicas.

Rechazo político y judicial al reparto de menores

El enfrentamiento del PP con la normativa de reparto de menores no es nuevo. En abril de 2025, el Congreso aprobó, con la oposición de PP y Vox, la obligatoriedad de redistribuir menores migrantes cuando una comunidad autónoma declare una situación de «contingencia migratoria extraordinaria», es decir, cuando su capacidad de acogida se vea desbordada. Canarias, Ceuta y Melilla han experimentado este estado en el último año, lo que ha derivado en más de 2.000 traslados de menores, la mayoría ya realojados en otras regiones.

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia (CSIA), prevista para el 27 de agosto, vuelve a poner el foco en este tema. Los consejeros de Castilla y León, Aragón y Extremadura, todas comunidades gobernadas por la coalición PP-Vox, han anunciado su ausencia. El encuentro servirá para aprobar un fondo extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, aunque el debate principal sigue siendo el reparto de menores.

Batalla legal contra el reparto obligatorio

Desde la aprobación de la ley, las comunidades gobernadas por el PP han recurrido a los tribunales para frenar su aplicación. El primer recurso de inconstitucionalidad lo presentó la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, apenas unas semanas después de la votación parlamentaria. Pronto se sumaron Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Solo La Rioja se abstuvo, mientras que Castilla-La Mancha, bajo gobierno socialista, también presentó recurso.

• Invasión de competencias autonómicas en protección de menores.
• Uso «injustificado» de un Real Decreto-ley para modificar la normativa.
• Imposición «unilateral» de los criterios de reparto, sin consenso con las comunidades.
• Falta de financiación adecuada y arbitrariedad en los criterios aplicados.

Estos son los principales argumentos esgrimidos por las comunidades en sus recursos, que aún esperan resolución por parte del Tribunal Constitucional.

Obstáculos en la aplicación práctica

Mientras la justicia resuelve el fondo del asunto, varias comunidades han intentado bloquear en la práctica los traslados de menores. Madrid impugnó ante el Tribunal Supremo el traslado de los primeros 12 menores procedentes de Ceuta y Canarias, pero el alto tribunal desestimó la demanda, destacando los «graves daños» que supondría paralizar la acogida para estos jóvenes en situación de hacinamiento.

El caso de Baleares es similar: el Govern recurrió de forma sistemática las órdenes de traslado desde Canarias, provocando que al menos cuatro menores permanecieran meses en un limbo legal. Finalmente, los tribunales obligaron a la comunidad a cumplir con el sistema de acogida.

En Aragón, la negativa a aceptar menores derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, tras múltiples quejas del Gobierno de Canarias. Además, Aragón se negó a facilitar los datos necesarios para calcular su capacidad de acogida, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento jurídico ante el Constitucional.

Falta de transparencia y colaboración institucional

El acceso a la información sobre la acogida de menores se ha convertido en otro frente de conflicto. El Ministerio de Derechos Sociales denuncia la escasa colaboración de los gobiernos del PP para informar sobre el estado de sus sistemas de acogida. Solo las comunidades de origen y destino cuentan con datos completos y actualizados, a pesar de que la normativa exige a todas notificar cada nueva acogida a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

La opacidad no es nueva. La Fiscalía General del Estado advierte, en sus informes anuales, que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), gestionado por la Policía Nacional, contiene información «incompleta» y, en ocasiones, «errónea», debido principalmente al incumplimiento de la obligación de facilitar datos por parte de los gobiernos autonómicos.

Perspectivas para los próximos meses

A la espera de la resolución de los recursos judiciales, las comunidades gobernadas por el PP se ven ahora obligadas a ejecutar la acogida de cientos de menores migrantes, en cumplimiento de la ley vigente. La próxima reunión sectorial y la presión de la crisis en Ceuta determinarán en gran medida el curso de los acontecimientos, en un clima político y social marcado por el debate sobre la gestión de la migración y la protección de la infancia.