El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley valenciana que incluyó la «prioridad nacional»
El Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos del País Valencià, aprobada en julio, que incorpora medidas alineadas con la denominada «prioridad nacional», una propuesta impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular.
Impugnación por vulneración de principios de igualdad
La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha decidido impugnar el artículo de la ley que establece la «prioridad nacional» en cuestiones como vivienda y prestaciones sociales. Según explicó Saiz, estas disposiciones contradicen principios fundamentales como la igualdad de derechos y el estatuto de las personas extranjeras.
Eliminación de referencias a la diversidad y la no discriminación
Otro de los puntos que ha motivado el recurso es la supresión de referencias explícitas a la no discriminación de personas LGTBIQ+ y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo. El Gobierno considera que esta eliminación supone un retroceso en materia de derechos y protección de colectivos vulnerables.
Restricciones culturales y religiosas en los centros educativos
El Ejecutivo también considera inconstitucional la limitación, incluida en la misma norma, de ofrecer menús alternativos por motivos culturales o religiosos en los centros educativos. Esta medida, según la ministra, vulnera el principio de igualdad y el respeto a la diversidad dentro del sistema educativo.
Además, el recurso del Gobierno cuestiona otros conceptos recogidos en la ley, como las referencias a los «no nacidos», que podrían entrar en conflicto con la legislación nacional vigente.
Contexto político de la aprobación de la ley
La ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana —conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026— fue aprobada en la última sesión plenaria del curso político, gracias al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox. La coalición gubernamental logró sacar adelante los presupuestos autonómicos tras aceptar casi todas las enmiendas de Vox, excepto la que proponía un mayor recorte a la financiación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Frente a esta alianza, los grupos parlamentarios PSPV-PSOE y Compromís votaron en contra de la ley, denunciando que vulnera derechos fundamentales y discrimina a determinados colectivos sociales.
Próximos pasos
- El Tribunal Constitucional deberá ahora admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno y pronunciarse sobre la legalidad de los artículos impugnados.
- Mientras se resuelve el proceso judicial, las medidas incluidas en la ley podrán quedar suspendidas de manera cautelar si así lo decide el Alto Tribunal.
La impugnación de la ley valenciana abre un nuevo frente político y jurídico entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana, en un contexto de creciente debate sobre los límites de las competencias autonómicas y la protección de los derechos fundamentales.
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