El Gobierno de Pérez Llorca reduce el personal de apoyo en el juzgado de la DANA de Catarroja
La Conselleria de Justicia del País Valencià ha decidido retirar a cuatro funcionarias de apoyo destinadas al juzgado de Catarroja, encargado de instruir la causa sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Esta medida, que entrará en vigor a partir del 30 de junio, dejará al equipo de trabajo reducido a una sola persona, según ha informado eldiario.es.
Reducción significativa de personal
Hasta el momento, el juzgado contaba con un equipo compuesto por cinco trabajadoras, entre ellas gestoras y tramitadoras procesales. Con la nueva resolución, únicamente permanecerá en el puesto el auxilio judicial, lo que supone una reducción considerable de recursos humanos para afrontar una investigación de gran complejidad.
La decisión ha sido formalizada a través de una resolución firmada por la directora general de Justicia, María José Adalid. Según el documento, «se ha considerado no prorrogar los refuerzos» que estaban activos desde el pasado 1 de enero en los órganos judiciales valencianos.
Críticas desde la oposición
La medida ha suscitado críticas entre los grupos de la oposición. Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, ha denunciado públicamente el recorte de recursos en el juzgado de Catarroja y en otros órganos judiciales de la región. A través de su cuenta en la red social X, Baldoví ha criticado al Consell, parafraseando una frase del president valenciano: «En el PP siempre hemos colaborado con la justicia. Miserables».
Contexto de la causa DANA
La investigación judicial sobre la DANA en Catarroja es uno de los procesos relevantes en la Comunitat Valenciana, dado el impacto de este fenómeno meteorológico en la región y la responsabilidad de las administraciones en la gestión de emergencias.
Repercusiones para la administración de justicia
- Menor capacidad de gestión: La reducción de personal podría ralentizar los trámites y la investigación judicial al concentrar la carga de trabajo en una única funcionaria.
- Reacción política: El recorte ha generado debate en el ámbito político valenciano, con cuestionamientos sobre el compromiso del Gobierno autonómico con la justicia y la transparencia en procesos sensibles.
La decisión de la Conselleria de Justicia entra en vigor a finales de junio y marca un cambio importante en el apoyo institucional a uno de los juzgados que actualmente gestiona causas de gran relevancia social en la Comunitat Valenciana.
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