El Gobierno aprueba el nuevo decreto de vivienda tras intensas negociaciones con sus socios
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un esperado decreto sobre vivienda, cuyas medidas han sido objeto de intensas negociaciones entre el Ministerio de Vivienda, Sumar y otros grupos parlamentarios. El proceso, que se ha prolongado hasta las últimas horas antes de la reunión gubernamental, busca alcanzar un consenso suficiente para garantizar su respaldo en el Congreso.
Presión social y política para reforzar la protección a los inquilinos
La tramitación del conocido como «decreto Maricarmen», en referencia a un reciente caso de desahucio que ha conmocionado a la opinión pública, ha estado marcada por la presión de colectivos como el Sindicato de Inquilinas y de los partidos situados a la izquierda del PSOE. Estos actores han reclamado medidas más ambiciosas, como la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación explícita del alquiler de habitaciones, demandas que no figuran en el borrador actual del decreto.
Sumar, principal socio de coalición, remitió un nuevo texto con sus propuestas, subrayando la necesidad de que el decreto recoja las aspiraciones de la ciudadanía y no rebaje su ambición. Las conversaciones, calificadas como «complejas» por fuentes cercanas a la negociación, se han desarrollado hasta la madrugada, con la intención de asegurar el apoyo de todos los aliados parlamentarios.
Principales medidas del borrador y puntos de fricción
El borrador del decreto incorpora varias medidas relevantes, aunque todavía sujeto a cambios de última hora. Entre los elementos destacados se encuentran:
- Prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2028.
- Bonificaciones en el IRPF para inquilinos en zonas tensionadas.
- Incentivos fiscales para propietarios.
- Regulación del alquiler de temporada.
- Subida del IVA a pisos turísticos.
- Ayudas para la adquisición de la primera vivienda.
- Blindaje del parque público de viviendas.
- Reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida de calificación permanente.
Uno de los principales escollos superados ha sido la prohibición de adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión, conocidos como «fondos buitre», medida a la que finalmente Junts ha dado su visto bueno tras semanas de reticencias.
Sin embargo, la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de contratos siguen fuera del texto, lo que ha generado malestar entre los colectivos de inquilinos y parte de los socios parlamentarios. Sumar ha insistido en que estas prácticas son clave para frenar la especulación y dotar de estabilidad al mercado del alquiler.
Reivindicaciones y postura de los socios
En las últimas jornadas, Sumar y otras formaciones de la izquierda han intensificado su presión sobre el PSOE, advirtiendo que no apoyarán medidas que no respondan a las principales demandas sociales. El Sindicato de Inquilinas ha reforzado su protesta con una acampada en la Puerta del Sol, reclamando mayor protección para los arrendatarios.
Entre las propuestas aceptadas figura la congelación inmediata de los precios y una prórroga reforzada de dos años para los contratos que finalicen antes de 2028, una medida que Sumar venía reclamando desde hace más de un año. No obstante, la creación de contratos de alquiler indefinidos sigue en estudio y genera dudas entre algunos grupos, como PNV y Junts.
La jornada de negociaciones también ha escenificado la unidad de distintas fuerzas políticas —IU, Más Madrid, Comuns, Compromís, EH Bildu, ERC, BNG y Podemos, entre otras— en torno a las demandas del Sindicato de Inquilinas, mostrando la presión a la que se enfrenta el Ejecutivo para satisfacer a su base parlamentaria.
La visión del Gobierno y el reto parlamentario
El Gobierno, por su parte, considera legítimas las demandas de sus socios y la presión social, pero confía en que el texto final obtenga el respaldo necesario en el Congreso. Desde el ejecutivo se advierte, no obstante, que las dificultades no residen exclusivamente en el seno del Gobierno, sino en la aritmética parlamentaria.
El presidente Pedro Sánchez ha subrayado en sus últimas intervenciones públicas la urgencia de actuar en materia de vivienda, defendiendo la necesidad de priorizar el uso residencial frente al turístico y apelando a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para materializar un acuerdo que alivie la emergencia habitacional del país.
Próximos pasos
Con el decreto sobre la mesa, el Gobierno aspira a que las medidas aprobadas representen un avance significativo en la protección de las personas más vulnerables y en la regulación del mercado del alquiler en España. No obstante, el debate sobre la suficiencia y la ambición de las medidas continuará previsiblemente en el Parlamento, donde el Ejecutivo deberá seguir negociando para alcanzar la mayoría necesaria.
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