El Gobierno refuerza la protección social: prohíbe la compra especulativa de fondos buitre y amplía la paralización de desahucios hasta 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos decretos que refuerzan la protección social en materia de vivienda, con medidas clave como la prohibición de la compra especulativa de fondos buitre, la extensión de la paralización de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler hasta 2030. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado estas iniciativas en una rueda de prensa destacando su relevancia social y política.
Medidas clave para la protección de los inquilinos
Entre las principales disposiciones anunciadas por el Gobierno se encuentra la extensión del “escudo social”, que paraliza los desahucios hasta el año 2030 con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad como la vivida por Maricarmen, un caso que se ha convertido en símbolo de la lucha contra los desalojos forzosos en España.
- Paralización de desahucios: Se prorroga la suspensión de los desalojos para familias vulnerables hasta 2030.
- Prórroga de contratos de alquiler: Los contratos de alquiler se podrán renovar automáticamente hasta 2030, ofreciendo mayor estabilidad a los inquilinos.
- Prohibición de la compra especulativa: Se impedirá que empresas y fondos conocidos como “fondos buitre” adquieran viviendas con fines especulativos.
La ministra Rodríguez explicó que el Gobierno identificará a las empresas que practican la compra especulativa para impedir que continúen operando en el mercado inmobiliario con prácticas consideradas abusivas. En este sentido, se refirió específicamente a casos como el de la empresa Urbagestión, responsable de desahucios polémicos, a la que calificó como una “pyme buitre, muy carroñera”.
Regulación de alquileres y cambios fiscales
El paquete de medidas incluye además la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones para combatir posibles fraudes. Por otra parte, se introducen modificaciones en la fiscalidad de las SOCIMI (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y se establecen bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, con el fin de incentivar el alquiler y proteger a las partes más vulnerables.
Un segundo decreto para la renovación automática de contratos
Isabel Rodríguez justificó la separación en dos decretos de estas medidas. El segundo texto, que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, responde a una demanda histórica de asociaciones de inquilinos y partidos de izquierda. Sin embargo, la ministra aclaró que esta medida aún no ha sido suficientemente consensuada con todos los grupos parlamentarios.
Llamamiento al consenso parlamentario
El Congreso de los Diputados celebrará este viernes un Pleno Extraordinario para votar ambos decretos. Desde el Ejecutivo se apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para apoyar unas medidas que, según la ministra, “reconstruyen una mayoría en el Parlamento al servicio de la mayoría social del país”.
Rodríguez manifestó su confianza en la “generosidad” de los grupos parlamentarios, reconociendo que las negociaciones han supuesto importantes renuncias, pero insistiendo en que “merece la pena”. La ministra destacó el carácter ambicioso y trabajado del texto, subrayando que no se trata de una propuesta improvisada.
Tensiones políticas y mensaje a la oposición
Respecto a la posición de algunos partidos, Rodríguez reconoció la complejidad de las relaciones con algunas formaciones, como Junts, aunque valoró positivamente el diálogo mantenido durante las negociaciones. En cuanto al Partido Popular, la ministra lamentó su falta de implicación en la búsqueda de soluciones a los problemas de vivienda y recordó que esta cuestión afecta también a las comunidades autónomas bajo su gestión.
Finalmente, Rodríguez subrayó que el Gobierno está actuando en beneficio de toda la ciudadanía, incluidos los votantes de la oposición, y reiteró el compromiso del Ejecutivo en la defensa del derecho a la vivienda digna.
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