El Gobierno aprueba por decreto ley la creación de un registro estatal, público y obligatorio de ‘lobbies’
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que establece la creación de un registro «estatal, público y obligatorio» para los grupos de interés, conocidos comúnmente como ‘lobbies’. Esta iniciativa, que forma parte del proyecto de ley de regulación de lobbies presentado hace más de un año y medio y actualmente bloqueado en el Congreso, busca aumentar la transparencia en la actividad de estos grupos y su relación con la administración pública.
Un registro gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El nuevo registro será gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo de Ministros. La medida ha sido impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y su objetivo es regular de manera clara quiénes pueden considerarse grupos de interés, qué se entiende por actividad de influencia y qué funcionarios o responsables públicos pueden verse afectados por dicha actividad.
La entrada en vigor del decreto ley se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el texto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, como establece la normativa para los reales decretos ley.
Definición y alcance de los grupos de interés
El texto legal detalla los criterios que determinan qué organizaciones, entidades o personas jurídicas tienen la condición de grupo de interés, así como las actividades que se consideran de influencia sobre la toma de decisiones públicas. Además, regula el marco de actuación en el que estos grupos podrán interactuar con los empleados públicos, políticos y altos cargos, estableciendo mecanismos de control y transparencia para evitar malas prácticas.
Contexto y antecedentes del proyecto
El debate en torno a la regulación de los lobbies ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. En junio, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, instó a los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la denominada ‘ley de lobbies’, una normativa ampliamente demandada por el propio sector para clarificar su actividad y distinguirla de prácticas ilícitas como la corrupción o el tráfico de influencias.
El avance de este decreto ley se produce en un contexto marcado por recientes investigaciones judiciales, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, lo que ha vuelto a situar la necesidad de una regulación clara y efectiva en la agenda política y mediática.
Próximos pasos
- El registro de lobbies entrará en vigor tras su publicación en el BOE.
- El Congreso deberá convalidar el decreto ley en el plazo de un mes.
- Se prevé la elaboración de normativas adicionales para desarrollar y aplicar el nuevo marco regulatorio.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la transparencia en la interacción entre los grupos de interés y las instituciones públicas, y dotar de mayor confianza el proceso de toma de decisiones políticas en España.
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