El Gobierno aprueba nuevos decretos para prorrogar alquileres y reforzar la protección a inquilinos

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El Gobierno aprueba de nuevo el real decreto sobre vivienda con medidas para la prórroga automática de alquileres

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles dos nuevos Reales Decretos de Vivienda, aprobados el día anterior por el Consejo de Ministros. Estas normativas mantienen la esencia de los textos que cayeron en el Congreso el pasado viernes, aunque incorporan algunos cambios y nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos.

Prórroga automática de los contratos de alquiler

El Real Decreto-ley 28/2026, compuesto por diez páginas, introduce “medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual”. Entre sus principales propuestas destaca la posibilidad de una prórroga automática de los contratos de alquiler, una medida que busca ofrecer mayor seguridad tanto a arrendatarios como a propietarios en el actual contexto de incertidumbre en el mercado inmobiliario.

Trámite parlamentario pendiente

A pesar de su publicación en el BOE, el nuevo decreto no entrará en vigor de forma inmediata. Para que sus disposiciones sean efectivas, requiere la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, prevista para el próximo 15 de noviembre. Hasta entonces, la normativa se mantiene a la espera de reunir el respaldo parlamentario necesario, ya que en la actualidad no cuenta con una mayoría asegurada en la Cámara.

Claves del nuevo real decreto sobre vivienda

  • Mantiene los elementos esenciales de los decretos anteriores sobre alquileres y vivienda, aunque introduce algunos cambios y medidas adicionales.
  • La prórroga automática de contratos de arrendamiento se plantea como un mecanismo para fortalecer la estabilidad de las personas que viven de alquiler.
  • Su entrada en vigor está condicionada a la aprobación por parte de la Diputación Permanente del Congreso, con fecha prevista para el 15 de noviembre.

Próximos pasos

El futuro de este real decreto depende ahora de la votación en la Diputación Permanente. Si obtiene el respaldo necesario, entrará en vigor y sus medidas comenzarán a aplicarse en todo el territorio nacional. De lo contrario, el Gobierno deberá buscar alternativas para garantizar la estabilidad en el mercado del alquiler y la protección de los inquilinos.

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